Las tomas o interrupciones violentas que viven los liceos de Santiago desde hace más de tres lustros son inaceptables. No es una cuestión sistemática, pero sí suficientemente presente como para que los líderes políticos y sociales las condenen con fuerza. Sin embargo, ello no ocurre. Hay permanentemente voces de izquierda que minimizan esas actuaciones y llaman a un diálogo continuo o a un proceso de “democratización” en esas comunidades. Sin embargo, nunca hay en esas voces una propuesta educativa con un mínimo de consistencia. Los grupos que participan en esos actos violentos están radicalizados y no tienen real interés en asegurar una educación de calidad en los liceos involucrados. Hay más bien un intento por debilitar dichas instituciones, eventualmente destruirlas y, a partir de ahí, construir un proyecto que nunca se precisa. Frente a los desalojos que deben ocurrir en caso de tomas para asegurar el derecho a la educación, o ante la condena a los actos violentos, esas voces reclaman autoritarismo o maltrato hacia los estudiantes. Ocurrió a propósito del rechazo generado por los graves actos que terminaron con estudiantes quemados en el Internado Nacional Barros Arana, en octubre pasado, y se repite ahora frente al desalojo de seis liceos emblemáticos ordenado el pasado viernes. El sostenedor, en este caso el municipio de Santiago, actuó apropiadamente frente a una situación violenta que no se condice con el desarrollo que se espera de la educación pública del país.

El antecedente inmediato que originó estas tomas fue el eventual uso de las normas contenidas en la Ley 21.128 (Aula Segura) en caso de situaciones muy dañinas para la convivencia escolar. Cabe recordar que esa ley fortalece las facultades de los directivos para aplicar, por ejemplo, la cancelación de matrícula en casos de violencia grave que afecten dicha convivencia. Es una regla dura, pero indispensable en situaciones en las cuales la comunidad puede quedar herida por un acto violento completamente alejado del despliegue de una experiencia educacional efectiva. Indudablemente, ninguna de estas situaciones es fácil y hay conflictos de valores que, a menudo, son inconmensurables, pero ninguna comunidad puede quedar sometida a la tensión que supone un acto violento. De lo contrario, se diluye la posibilidad de la formación ciudadana que está a la base de todo proceso educacional masivo. Que el país no pueda compartir de modo amplio este principio mínimo da cuenta de las dificultades para construir un proyecto futuro común. Los problemas de convivencia escolar que emergen cada vez más como un importante desafío educativo tienen en esa realidad una causa relevante, aunque seguramente no la única.

En enero del próximo año, el Servicio Local de Educación Pública de Santiago asumirá la gestión de los 43 establecimientos de esta comuna. El traspaso de los planteles y su gestión constituyen un desafío en sí mismo complejo, pero a este Servicio se le agregará la tarea de enfrentar, eventualmente, estos actos violentos y con un alcance, tal vez, mayor que el actual, toda vez que la desmunicipalización significa, en la práctica, una centralización de la educación estatal. Hay, por cierto, una oportunidad en la apertura que se ha mostrado para permitir que los liceos emblemáticos puedan seleccionar nuevamente una proporción importante de sus estudiantes por mérito académico. El alcance de lo que se entiende por mérito es aún débil, pero la tramitación de los cambios está en marcha en el Congreso. Con todo, detener la violencia requiere una estrategia mejor diseñada. Es difícil saber cómo el SLEP de Santiago y las autoridades educacionales del país quieren avanzar en este ámbito. Este 30 de julio hay una jornada nacional contra la violencia, pero su visibilidad ha sido baja y se concentrará en reforzar un conjunto de políticas, acciones y herramientas que se vienen desplegando hace tiempo y que, si bien se han intentado articular mejor, distan de constituir una estrategia con objetivos precisos y apoyos adecuados, además de no estar siempre en sintonía con las necesidades de los planteles escolares. Se requiere más flexibilidad en esta materia. Esa mirada centralista se nota también en el proyecto de convivencia escolar que se tramita en el Congreso y que, de no modificar sus lineamientos más relevantes, será poco útil, más bien una carga burocrática para los colegios del país. Es evidente, entonces, que se requiere una revisión mucho más profunda de la ruta que Chile necesita seguir para enfrentar esta situación.