Hace algunos días, Carlos Peña, al comentar la advertencia del ahora exdirector del SII Javier Etcheberry, sobre la pérdida del monopolio de la fuerza por parte del Estado, recordaba que sin él “no existirían ninguno de los bienes que hacen posible una vida civilizada”.

Es un recordatorio pertinente en un momento en que el rol del Estado está siendo desafiado desde múltiples frentes.

Es su disfuncionalidad la que impide resguardar la seguridad de las personas; es su ausencia en ciertos territorios la que permite que el crimen organizado ocupe su lugar; es la complejidad kafkiana de algunas de sus regulaciones y procesos la que asfixia el emprendimiento y la inversión, o dificulta que sostenedores y directores de liceos y colegios puedan abocarse a lo esencial: educar a los niños. Es su ineficiencia la que genera interminables listas de espera en salud, y su laxitud o falta de evaluación rigurosa la que permite escándalos como el de las licencias médicas falsas.

Sorprende, entonces, que no ocupe un lugar central en el debate público-electoral la visión que candidatas y candidatos tienen del Estado, ni cómo esta se expresará al ejercer su principal y permanente función en caso de llegar al gobierno: administrarlo, reformarlo o modernizarlo, dentro del marco institucional de la democracia representativa, con su separación de poderes, sus pesos y contrapesos, y sus reglas vigentes. También sorprende que no se cuestionen de forma más decidida ciertas concepciones del Estado que solo profundizan su deterioro.

Porque si creo que el Estado y sus instituciones, así como el marco democrático que limita su acción, solo sirven a una élite privilegiada y actúan en contra del pueblo, será lógico intentar cooptarlo mediante la acción de mi militancia y de grupos de interés afines, supuestos portadores del ideal de justicia que el Estado actual no representaría.

Si, en cambio, creo que el Estado es la fuente de todos los males, porque por definición asfixia la iniciativa de personas, familias, empresas y organizaciones intermedias, y que quienes lo administran constituyen una casta de operadores que nadie controla, también será lógico buscar su cooptación, esta vez con un propósito opuesto: jibarizarlo para liberar la fuerza del mercado y de los individuos.

Y si considero que el Estado representa de forma casi perfecta el bien común o es sinónimo de patria, será natural transformarlo en conductor de la vida social o en protagonista preferente de sectores económicos estratégicos y de la provisión de bienes públicos.

De cada una de estas concepciones hay ejemplos recientes, tanto en Chile como en el mundo. ¿No fue acaso la primera la que inspiró a quienes dominaron el primer proceso constitucional? ¿No es la segunda la que moviliza a grupos libertarios que han ganado protagonismo en varios países? ¿Y no es la tercera la que anima a movimientos neo-nacionalistas o a quienes promueven estrategias económicas con un Estado fuerte como actor principal?

Frente a estas visiones, es fundamental que la academia, los medios, el mundo empresarial y la sociedad civil exijan a las candidaturas una posición clara: ¿qué visión del Estado proponen?, ¿qué acciones propias o de sus partidos políticos, presentes o pasadas, respaldan sus discursos?, ¿qué modelos internacionales admiran o rechazan?, ¿y cómo piensan, concretamente, administrar, reformar o modernizar el Estado chileno?

Y cuando digan que lo que los moviliza son “los problemas de la gente”, recordarles que no son magos y que el principal instrumento que tendrán para enfrentarlos serán precisamente las instituciones del Estado y sus reglas de funcionamiento.

Bernardo Larraín
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