El Informe de Finanzas Públicas (IFP) que prepara trimestralmente el Ministerio de Hacienda ofrece siempre la oportunidad para una revisión exhaustiva de la situación macroeconómica. Su última versión (segundo trimestre de 2025), publicada esta semana, da cuenta de las notorias dificultades de la administración Boric para reimpulsar el crecimiento.

Las proyecciones para 2025 así lo confirman. De concretarse el escenario base planteado por Hacienda, el actual gobierno habrá ofrecido una de las peores series de crecimiento de nuestra historia económica reciente —2,15% en 2022; 0,52% en 2023; 2,64% en 2024, y 2,5% en 2025—, lo que situaría el promedio en 1,95%. Dicha cifra puede ser aun algo inferior si se considera que la actual proyección de Hacienda se ubica por sobre la media del intervalo de proyección del Banco Central (2-2,75%) y es superior a las de la OCDE (2,4%) y el FMI (2,2%). En cualquier caso, es uno de los peores resultados en más de 40 años, solo superado por el magro desempeño del segundo gobierno de la Presidenta Bachelet (1,8% promedio).

El nuevo IFP mantiene inalteradas las proyecciones de crecimiento para 2026 (2,3%) y 2027 (2,2%), elevando levemente las de 2028 y 2029 (desde un 2% al 2,2%). Esto, apostando por un mayor dinamismo del PIB no minero, influido por supuestos aumentos en inversión y consumo que impulsarían la demanda interna, la que se anticipa se expandiría entre 2,5% y 2,7% durante los próximos cuatro años, rango bajo respecto de las cifras observadas entre 1990 y 2013, pero superior a las de los últimos años. El incierto escenario internacional debiera llamar a alguna cautela incluso frente a estos mediocres números.

La realidad macro descrita en el IFP es una medida del desafío que representará para la próxima administración elevar nuestro crecimiento a cifras por sobre el 3%.

El balance estructural

Cualquier esfuerzo reactivador tendrá además que hacerse cargo de significativas restricciones financieras que el país ha acumulado por más de una década, agravadas bajo la actual administración.

Lo anterior puede ser incluso comprobado al comparar las proyecciones del Balance del Gobierno Central del último IFP respecto de su versión anterior (primer trimestre de 2025). En particular, los ingresos efectivos, en solo un trimestre, pasaron de 22,9% del PIB a 22,8%. Por su parte, los ingresos cíclicamente ajustados se redujeron de 22,7% a 22,5% del PIB. Considerando que el total de gasto se mantuvo inalterado (24,3% del PIB), se observa un deterioro en el Balance Efectivo del Gobierno Central, desde -1,4% a -1,5% del PIB, en tanto el Balance Cíclicamente Ajustado ve aumentar el déficit en 0,2 puntos porcentuales, elevándolo a -1,8% del PIB. Cabe recordar que en 2024 Hacienda anticipaba un déficit estructural de -1,1% del PIB para 2025. Así, en poco tiempo se observa un deterioro en las cuentas fiscales de 0,7 puntos porcentuales del PIB.

Las explicaciones apuntan a un menor tipo de cambio, lo que ha afectado los ingresos mineros de forma relevante. También se considera una actualización a la baja en las estimaciones del efecto de las acciones correctivas implementadas luego del histórico descalce fiscal de 2024, producido en gran parte precisamente por equivocadas estimaciones de ingresos. Esto debiera redoblar la atención pública.

Por su parte, en función de la evolución de los ingresos y gastos, un déficit estructural de 1,8% del PIB para 2025 demandará esfuerzos extraordinarios: los ingresos deberían aumentar por sobre el 10% entre junio y diciembre, mientras que el gasto debería expandirse por debajo del 1,5%. Ambas cifras son ambiciosas, lo que hace anticipar que un déficit de 1,8% del PIB puede ser una nueva meta, difícil de cumplir.

Todo lo anterior agrega incertidumbre respecto de la evolución de los números que heredará la siguiente administración. La convergencia a una meta de Balance Cíclicamente Ajustado al 2029 implicaría déficits estructurales de 1,1% del PIB en 2026; 0,75% en 2027, y 0,5% en 2028. Esto estaría además asociado a déficits efectivos hasta 2029, lo que da cuenta de holguras presupuestarias negativas para el siguiente gobierno que se estiman en más de US$ 3.300 millones, una cifra extraordinaria que puede incluso aumentar si las medidas correctivas no tienen el resultado esperado o se agregan más presiones de gasto.

La situación es histórica: en más de 35 años, ninguna administración había heredado un escenario fiscal de esta complejidad.

Alerta por el FES

El Consejo Fiscal Autónomo (CFA) acaba de alertar sobre las posibles consecuencias del nuevo instrumento de financiamiento público para la educación superior (FES) que impulsa el Ejecutivo. Sin entrar aún en detalles, el CFA lista un contundente conjunto de recomendaciones que apuntan a sensibilizar, evaluar y cuantificar la propuesta, lo que se suma al largo y transversal listado de críticas públicas que ya se han realizado sobre su diseño.

Así, la inconsistencia entre el relato de preocupación fiscal de Hacienda y los proyectos que se impulsan desde el Gobierno se hace patente. Queda que el Congreso haga lo necesario para evitar el empeoramiento futuro de la salud fiscal producto de iniciativas equivocadas.