Señor Director:

Ahora Carlos Williamson me reprocha querer el cumplimiento de la ley 20.903 de 2016 que contiene las exigencias de acceso a pedagogía. Asumo el reproche. Los requisitos ahí establecidos son razonables, están en línea con la experiencia comparada y descansan en una sólida evidencia académica internacional y nacional. Ahora, por distintas razones, nunca se han cumplido. Ha regido una norma transitoria e incluso en los últimos tres procesos de admisión, ella se ha vulnerado groseramente (la regla establece que de aceptarse postulantes vía prueba de admisión, su puntaje promedio en las pruebas obligatorias debe estar en el 50% superior. Pues bien, se han aceptado del 80% superior. ¡Inaceptable!).

En la admisión 2026, de no aprobarse el proyecto de ley que cuestioné, debe cumplirse, casi una década después, la exigencia de esa ley. El cambio en puntaje es importante, pero es la consecuencia de la irregularidad cometida en los últimos años.

¿Habría una buena razón para postergar la vigencia de esta ley? Se ha argumentado que estamos ad portas de un déficit inminente e importante de docentes. He sostenido que no hay antecedentes sólidos que respalden esa afirmación. Las tendencias en el corto y mediano plazo más bien apuntan en otra dirección. Los problemas puntuales que en un mundo dinámico siempre existen se pueden gestionar. Por cierto, el desafío de atraer jóvenes de elevadas aptitudes académicas a la profesión docente está siempre presente. Desde luego, bajar las exigencias no ayuda a ese propósito.

Por último, no he descartado el estudio que Williamson cita. He dicho que es interesante, pero que no contradice la conveniencia de instalar exigencias como las definidas en la citada ley y que tienen un respaldo significativo en la literatura académica.

Harald Beyer
Escuela de Gobierno, UC