Señor Director:

En febrero pasado como familia iniciamos los trámites en la plataforma digital del Compin para obtener la declaración de discapacidad de mi madre, diagnosticada desde hace dos años con alzhéimer. Según los requerimientos, cargamos tanto el Informe Biomédico-Funcional extendido por su médico tratante como el Informe Social y de Redes de Apoyo realizado por una trabajadora social.

El Compin debía respondernos y contactarnos para realizar un tercer informe necesario, el Ivadec (Índice de Valoración de Desempeño en la Comunidad), con lo cual se completaban los requerimientos para que se pudiese declarar la discapacidad. Sin embargo, pasaron muchas semanas y, como no obtuvimos respuesta, fuimos personalmente a las oficinas a informarnos. Allí nos dijeron que había miles de personas en lista de espera, que podría tomarnos más de un año el ser contactados. Nos sugirieron pagar un profesional particular que hiciera dicho informe o que pidiésemos ayuda en la oficina municipal para la discapacidad.

Finalmente, en mayo una profesional de la Municipalidad de Las Condes emitió el informe y lo cargamos en el sistema del Compin, que arrojó un email automático acusando recibo. Nunca nos contactaron.

Lamentablemente, mi madre murió hace una semana y jamás pudimos avanzar en este trámite y, por ende, ella no pudo acceder a ninguno de los beneficios sociales que la ley garantiza a quienes padecen una situación de discapacidad, en este caso mental y motora. Obviamente, tampoco alcanzamos a solicitar una declaración de interdicción por parte de un juez, para la cual resulta esencial el reconocimiento previo de discapacidad.

Me imagino que son miles las personas que están esperando con inquietud y ansia la declaración de discapacidad del Compin, mientras todo el país ve las miles y miles de falsas licencias médicas que deben ser procesadas por esta repartición estatal que, en este caso, está dejando a los adultos mayores con serias discapacidades al margen de sus derechos sociales.

Felipe Herrera E.