Antes, las instituciones albergaban genios como Leonardo Cornejo, del Cementerio General, quien retiene nombres y biografías que luego confirma en los amarillentos anuales. Hoy todo resulta más fácil con las bases de datos digitales.

Recién, la Escuela de Salud Pública de la U. de Chile abrió el conversatorio “Datos para el bien común”.

Sandra Flores, profesora de bioestadística, lo presentó: esto se trata de ciencia abierta —dijo—, “y cae de cajón” en la Escuela de salud pública (youtube.com/watch?v=McbsOXm94ps).

Primero, Rafael Castillo, director del servicio de información y bibliotecas, U. de Chile (uchile.cl/sisib), estableció la información como bien público. Es clave compartir los datos para el bien común: deben reposar en bases de datos donde sea fácil encontrarlos, deben poderse combinar con datos de otras bases, y deben poder estar disponibles para volverlos a usar.

Mostró la página www.datos.uchile.cl donde la U. Chile sube la información: con acceso abierto. Castillo se detuvo en las precauciones éticas. Mandamientos básicos, como pedir consentimiento a las personas antes de guardar sus datos, explicarles cómo se usarán, cómo se guardarán, cómo se compartirán.

Esos cuidados reaparecieron cuando Jorge Pacheco, del Depto. de Estadística del Ministerio de Salud, expuso la compleja historia que ha ido fijando normas éticas y técnicas.

Los datos sensibles, como los diagnósticos médicos, no pueden ser públicos. Un paciente será siempre anónimo.

La doctora en salud pública Alejandra Fuentes-García contó de los aprendizajes desde el iCOVID. Esta es una base con información que surgió para enfrentar el covid-19 (por eso la “i”). Nació en agosto de 2020, en un conflicto: la confianza en el gobierno llegaba a un 6%, aparecían cifras contradictorias, se atacaba al ministro de Salud y su equipo. Pero los rectores de la U. de Chile y de la U. Católica acordaron instalar esta base de datos sobre el virus, el iCOVID. Se les unieron el rector de la U. de Concepción y el Ministerio de Salud.

La plataforma entregaría, declararon, información clara y confiable para la toma de decisiones; para los científicos, para que creen soluciones; para la prensa y la ciudadanía. La profesora Fuentes-García contó de las horas y horas que ella invirtió, con otros héroes y heroínas, en ese esfuerzo.

“Fue un ejercicio de ciencia abierta en crisis y un modelo de colaboración”, dijo. Agregó que institucionalizó “la gobernanza de datos como bien público”, acordando marcos legales, éticos y tecnológicos, hacia “un ecosistema de datos robusto, democrático y equitativo”. Podría mejorarse con rutas de participación, cerró.

Definió los “datos para el bien común”: aquellos que, “al ser recolectados, gestionados, compartidos y utilizados de forma ética, transparente y equitativa, contribuyen al bienestar colectivo, la justicia social y la toma de decisiones informadas”.

Este “conversatorio”, pienso, anunció enlaces, gracias a las bases de datos, en medio de conflictos.

“Cae de cajón”.