Nuestra tasa de empleo aún está por debajo de la observada antes de la pandemia. No son muchos los países en esta situación. Además, la desocupación sigue siendo muy elevada y entre las mujeres es el doble de la que se observa para el promedio de la OCDE. Todas, señales de que nuestro mercado laboral no está funcionando bien. A la base de estos mediocres indicadores no hay ningún aspecto estructural. Es incompatible con esa tesis el hecho de que, por ejemplo, entre 2010 y 2019, la proporción de personas ocupadas de 15 años y más subió de un 55,2 a un 58,3 por ciento y la desocupación fue bastante más baja. En la actualidad, sin embargo, las tasas de ocupación no son muy distintas de las observadas en 2011. El quiebre en esas tendencias, sobre todo entre la población menos educada, se viene observando desde 2017. Así, por ejemplo, según la Encuesta Nacional de Empleo, las tasas de empleo de las personas de entre 25 y 59 años (los con más apego a la fuerza de trabajo), con educación secundaria, son casi tres puntos porcentuales más bajas ahora que en 2017.

Al mismo tiempo, la tasa de creación de empleo se ha reducido significativamente en el último tiempo, sugiriendo un funcionamiento menos dinámico del mercado laboral, lo que se une a la alta informalidad y a la existencia de muchos contratos de corto plazo. Se agrega a este cuadro una creciente evidencia de falta de coincidencia entre las calificaciones de los trabajadores y las exigidas en las ocupaciones. Todas estas dimensiones son propias de mercados rígidos o de costos laborales elevados para el promedio de habilidades de la fuerza de trabajo, más que el resultado de fenómenos estructurales. En esta situación, las indemnizaciones por años de servicio están jugando un papel mucho más importante de lo que se cree. Ha sido advertido en distintos informes a lo largo del tiempo. Surgidas hace muchas décadas como mecanismo de protección de los trabajadores, son una idea que se ha ido abandonando al menos desde fines de la década de 1980. Sus costos son mucho mayores que sus potenciales beneficios, que suelen concentrarse en un grupo pequeño de trabajadores.

Por eso, estas indemnizaciones se han ido desaconsejando y se privilegian mecanismos como fortalecer los seguros de cesantía. Este camino suele denominarse “flexiseguridad” y se adoptó inicialmente en los países del norte de Europa, particularmente Dinamarca, elevando el dinamismo de los mercados laborales, las oportunidades de trabajo y la productividad. Es esto lo que nuestro país debe imitar. Por cierto, hay complejidades políticas en estos avances. Pero es incomprensible que se aspire a moverse en la dirección contraria, eliminando el tope de la indemnización por años de servicio (actualmente, once), como acaba de aprobar por mayoría la comisión de Trabajo de la Cámara. Esta es una moción de parlamentarios oficialistas que no tiene apoyo del Ejecutivo y que atenta contra el interés de los trabajadores. Es una demostración más de cómo el populismo se adueña de la agenda e impide abordar con seriedad la crisis de falta de oportunidades laborales que está enfrentando el país.