Hace menos de un año, líderes políticos de todo el espectro clamaban para que las Fuerzas Armadas cumplieran de manera permanente tareas de seguridad pública. Apenas un puñado de especialistas retrucaban lo que parecía ser un consenso. Recuerdo, entre ellos, a Claudio Fuentes y a Lucía Dammert, voces aisladas, señalando que la experiencia internacional comparada era muy negativa.

Ahora que aparecen signos de participación de efectivos del Ejército y de la Fuerza Aérea en el tráfico de drogas, deberíamos suponer que los promotores de esa mala idea la estarán desechando. Pero es necesario decir que los partidarios de militarizar la lucha contra la delincuencia —alcaldes, gobernadores, parlamentarios— obtuvieron su recompensa en popularidad y visibilidad en matinales.

El nuevo alcalde de Santiago, con las mejores intenciones, instaló en un lugar central de su exitosa campaña la idea de poner orden en el barrio Meiggs. Sin embargo, en breve plazo, el alcalde tomó nota de que no era tan fácil de llevar adelante esa iniciativa. Es un espacio público donde el comercio ilegal es solo la más visible de las múltiples facetas conflictivas, pues el crimen organizado opera allí activamente en distintas capas. Enfrentar este problema no es cosa de declaraciones duras y buena voluntad. Se requiere de un conjunto de coordinaciones difíciles de lograr con el gobierno nacional y regional y las policías, todas instancias que claramente están exigidas por una realidad criminal creciente para la que no estaban preparadas. Es decir, no es cosa de llegar y hacer.

Estamos a cuatro meses de las elecciones presidenciales y parlamentarias y con razón el tema de la inseguridad pública ocupará un lugar muy relevante en las campañas. Se escucharán muchas promesas de mano dura, se propondrán leyes más severas (incluso la reposición de la pena de muerte ya saltó al ruedo), cárceles en el desierto y todo tipo de iniciativas artificiosas para cautivar la atención de los electores.

Los más audaces intentarán promover el modelo Bukele en El Salvador para generar empatía electoral. He estado muchas veces en ese país y creo imposible encontrar una realidad más distinta de la nuestra para proponer como modelo. Por mencionar una de ellas, el total de su territorio cabe seis veces en la Región de Antofagasta. Además, si la propuesta es conseguir seguridad a cambio de libertad (el camino de Bukele), esta dimensión de la propuesta debería ser presentada con transparencia a la ciudadanía. Esta semana, en este medio, pudimos enterarnos de decenas de periodistas y abogados que han debido salir al exilio en ese país debido a las persecuciones del gobierno.

Es evidente que no se puede seguir haciendo más de lo mismo para derrotar al delito. El tema es de la más alta prioridad. Pero eso exige dejar de infantilizar a los electores e invitarlos a asumir la complejidad de la tarea. Como señala un reciente informe patrocinado por la Fundación Friedrich Ebert, Desafíos de la Seguridad Pública, producido por un amplio conjunto de expertos, es fundamental crear una nueva arquitectura institucional, completamente profesionalizada, elevar la efectividad policial, fortalecer los marcos de probidad e integridad, otorgar un espacio relevante a lo municipal en la tarea, revisar el funcionamiento del sistema penitenciario, fortalecer las políticas preventivas con niños, niñas y adolescentes y, finalmente, definir cuál es el rol de las FF.AA. en este desafío y cómo se le otorgan los mejores medios para cumplirlo.

Es de esperar que los candidatos y candidatos estén a la altura y este tema se tome en serio. Las bravuconadas son solo una excusa para estimular el miedo. Y el miedo, muchas veces, paraliza.