Comprensible alarma ha generado el reciente caso del abogado Luis Alberto Aninat, cuya propiedad en Zapallar fue transferida sin su conocimiento mediante una escritura suscrita en una notaría del centro de Santiago. La operación se hizo con cédulas de identidad y firmas falsas, pero todo validado formalmente por una notaría que ha aparecido involucrada en al menos otras tres situaciones similares; a raíz de ello, la notaria titular presentó una querella, en la que denunció la existencia de una banda dedicada a este tipo de fraudes y en la que participaría un funcionario de su misma oficina. La situación es paradójica. El argumento para justificar el funcionamiento del sistema notarial chileno bajo las reglas existentes ha sido siempre el mismo: la “fe pública” que garantizaría el notario. Sin embargo, este tipo de hechos ponen en severo entredicho esa afirmación.

Hace pocas semanas, y luego de décadas de intentos fallidos, el Congreso despachó una reforma al sistema notarial. Fue un avance, pero limitado. Aunque se abordaron aspectos como el mecanismo de nombramientos, se excluyeron elementos centrales de modernización, como el uso de firma electrónica avanzada, la digitalización de trámites y la incorporación de fedatarios para funciones menores. ¿La razón? Los cuestionamientos —acogidos por los parlamentarios y el Ejecutivo— del propio gremio notarial, en cuanto a que estos mecanismos no ofrecerían garantías suficientes. Los casos que hoy conocemos muestran, sin embargo, que el mayor riesgo no está en la tecnología, sino en la actuación de seres humanos llamados a resguardar esa fe.

En el caso en comento, lo que el notario (suplente) hizo fue acreditar que “firmaron ante él” las personas que suscribieron la escritura respectiva; es decir, teóricamente, ella miró las caras de los firmantes y corroboró que fueran similares a las que aparecían en las cédulas de identidad que le fueron exhibidas. ¿Es ese medio de verificación de identidad más seguro que uno tecnológico basado en el reconocimiento facial o de huella dactilar? La evidencia muestra que no. Peor aun, es sabido que, en los hechos, los notarios normalmente ni siquiera cumplen con ver a los firmantes, y se limitan, sin salir de su oficina, a poner su rúbrica en un timbre que dice que sí lo hicieron.

Un sistema que se ampara en la desconfianza hacia lo digital, pero que no logra prevenir fraudes tan evidentes, requiere ser repensado. Si de veras se quiere resguardar la fe pública, es necesario avanzar hacia un modelo donde la verificación no dependa de un notario que firma, sino de un sistema robusto, trazable y fiscalizable. Para ello, será necesario retomar los aspectos de la reforma que quedaron fuera de la discusión en su paso por el Senado.