En medio de las sospechas de que Chile está experimentando una penetración del narco, se ha producido la desconcertante liberación de un sicario acusado de asesinar por encargo a un comerciante del barrio Meiggs. Las reacciones han incluido la sorpresa, el escándalo y la confirmación, en algunos, de una actitud cínica que considera que todo está corrompido en el país. Los hechos son confusos, con lo cual solo aumentan las preguntas y suspicacias. Una jueza dio la orden de encarcelar a un peligroso delincuente de solo 18 años, junto a dos de sus compañeros, todos, según se ha dicho, miembros del Tren de Aragua y de nacionalidad venezolana. Pero minutos más tarde alguien le hizo notar que había un error en la identificación del delincuente —escribió Frrer, omitiendo la e de Ferrer—, ante lo cual ella dictó una nueva orden que anulaba la anterior, a la que agregó minutos más tarde otra en que, reidentificándolo, ordenaba su prisión preventiva. Por algún motivo, esta tercera orden no fue atendida por Gendarmería, la que en cambio procedió a liberar al sujeto. Ayer, en tanto, se supo que el verdadero nombre del ahora prófugo no es ninguno de los mencionados en los tres documentos, detalle tragicómico que solo desnuda la precariedad de las condiciones en que hoy debe operar nuestro sistema penal.

Todos los pasos de lo acontecido quedan bajo sospecha. ¿Quién detectó que estaba mal identificado el acusado? ¿Por qué se lo hacen saber a la juez si no ha mediado queja alguna? ¿Cómo es que ella anula la orden de detención sin medir sus consecuencias? ¿Nadie en Gendarmería consulta con el Poder Judicial antes de liberar a un peligroso presunto asesino? Son solo las preguntas más obvias que se hacen los chilenos, inexpertos en los manejos judiciales. Pero obviamente crean aprensiones, en especial en medio de las recientes noticias, tanto de la actividad de los narcos, que parecen infiltrar algunas de las entidades más respetables del país, como de tantas otras que revelan una pérdida del valor del Estado y de la fuerza de sus instituciones.

La alarma también se ha extendido entre las autoridades de las instituciones involucradas, quienes se han reunido para determinar la forma de proceder para aclarar los hechos. Pero tampoco ello tranquiliza al ciudadano medio, que parece abrigar la sospecha de que ha habido intervención de poderosas bandas criminales. Existen, así, grupos numerosos de escépticos que creen que jamás se logrará dilucidar todo lo que ha sucedido.

La erosión del prestigio institucional en Chile parece bastante más profunda de lo que se estimaba hasta ahora. Estudios sobre la confianza en las instituciones hechos por la OCDE revelan que, en términos comparativos, nuestro país tiene bajísima confianza en el Poder Judicial y sus tribunales, siendo la nación con la mayor desviación del promedio de los 37 países miembros, puesto que solo el 25 por ciento confía en las instituciones de justicia, en tanto el promedio es 29 puntos porcentuales más alto y alcanza el 54 por ciento. Muchos otros sucesos, desde las licencias médicas fraudulentas hasta los casos de miembros de las FF.AA. transportando drogas, solo contribuyen a intensificar las suspicacias. Es urgente que haya respuestas concordantes con la importancia de los hechos.