Las últimas semanas han marcado un nuevo hito en la evolución del fenómeno delictual. La detección de casos que vinculan a miembros del Ejército y la FACh con redes de narcotráfico en la zona norte representa la materialización de uno de los peores temores a que se puede enfrentar un país: el intento del crimen organizado por penetrar las instituciones armadas, elevando a un nuevo nivel la amenaza contra el Estado de Derecho. Se desconocen por ahora las reales dimensiones de ese intento y sus resultados. Lo concreto, sin embargo, es que en pocos días se han conocido dos hechos de altísima gravedad. Por una parte, la detención de suboficiales de Ejército involucrados en el traslado de una inmensa cantidad de cocaína y pasta base (casi 200 kilos) desde la Región de Tarapacá a Santiago, y por otra, la tentativa frustrada de ingresar a un vuelo de la FACh una maleta con ketamina, droga cuyo tráfico muchos asocian con el Tren de Aragua. A ello se agrega el hallazgo, en un recinto militar, de ovoides con pasta base contenidos en un termo, el que a su vez habría sido abandonado en un camión institucional durante un operativo de detención y traslado de migrantes irregulares. Aunque este episodio parece de naturaleza distinta a la de los otros dos, da cuenta del contexto en que están operando las fuerzas armadas en la zona norte, donde han debido asumir delicadas funciones fronterizas, con los riesgos que ello involucra. Una situación que de alguna forma ha sido reconocida por el propio comandante en jefe del Ejército, quien en la última ceremonia de juramento a la bandera admitió que “al igual que cualquier institución del Estado o privada, estamos expuestos al accionar del crimen organizado”. Difícil sería disentir, pero sí cabe preguntarse si el país ha comprendido la envergadura del peligro y si efectivamente se están ejecutando todas las acciones para conjurarlo.

Respecto de lo primero, se han citado profusamente las experiencias de otros países de la región que recurrieron a sus fuerzas armadas para tareas de seguridad interna y de cómo el contacto con organizaciones criminales terminó generando situaciones de corrupción y el reclutamiento de efectivos por parte de carteles. La comparación no es del todo pertinente para Chile, donde las instituciones han sido llamadas a ejecutar tareas mucho más acotadas, ya sea en el prolongado estado de excepción en la macrozona sur o en el referido resguardo fronterizo del norte. En el actual escenario de crisis de seguridad pública, parece difícil prescindir del aporte que en ambas áreas están realizando las FF.AA. Con todo, sí cabe tomar las lecciones que dejan experiencias como la de México, tanto respecto de la prudencia que debe guiar las decisiones de la autoridad en este ámbito como en cuanto a multiplicar las políticas de prevención.

En esa línea, el Ministerio de Defensa ha pedido a las distintas ramas medidas como la revisión de sus protocolos y robustecer la incorporación de tecnologías para el control y resguardo de sus unidades. Se ha informado también de la realización de “revisiones imprevistas” y de test de drogas. Pero el tema va más allá. Es fundamental revisar además los procesos de reclutamiento, entendiendo que los jóvenes que postulan a las instituciones armadas están expuestos a las mismas realidades que el conjunto de la sociedad. No menos crucial es fortalecer los sistemas de inteligencia interna. En este sentido, es valioso el que hayan sido las propias instituciones las que detectaron los casos conocidos, pero no debe llevar a autocomplacencias. Menos, cuando aún se carece de un diagnóstico acabado.

Es lamentable que una contienda de competencia trabada entre la fiscalía de aviación y el Ministerio Público, con una confusa intervención del Gobierno, haya distraído la atención de los problemas de fondo que plantean estos casos. Ello también lleva a preguntarse sobre la capacidad de los actores políticos para abordar con seriedad las profundas implicancias que trae la expansión del crimen organizado en el país. El cansino trámite del proyecto de ley sobre sistema de inteligencia no permite una respuesta demasiado optimista.