En el centro de los temores ciudadanos están la inseguridad, el incremento de la delincuencia y la penetración del crimen organizado. Como resulta manifiesto que la gestión gubernamental y de las instituciones encargadas ha sido insuficiente, es probable que las próximas elecciones se decidan en parte no menor según la credibilidad de las diversas propuestas en esta materia. Entre ellas, sigue figurando en primer lugar un endurecimiento de la legislación, que en lo sustancial consiste en entregar a las policías y otros entes administrativos más facultades de las que ya tienen para afectar o restringir los derechos individuales, desde el acceso sin autorización judicial a cuentas bancarias hasta la imposición de verdaderas sanciones y medidas privativas de derechos contra personas que no han sido condenadas por delito alguno, pasando por una regulación mediante fórmulas vagas e imprecisas que amplía desmedidamente su poder discrecional. El régimen de inmensa discrecionalidad administrativa que se construyó silenciosamente durante años para la fiscalización medioambiental parece estar convirtiéndose en un nuevo paradigma.

Cuán equivocado es este camino queda de manifiesto en el informe de auditoría publicado recientemente por la Contraloría sobre las funciones de control y fiscalización vehicular ejercidas por Carabineros. Entre el 1° de enero de 2023 y el 30 de junio de 2024, Carabineros controló a 144 personas que mantenían órdenes de detención vigentes por abuso sexual, tráfico de drogas, porte ilegal de armas, conducción en estado de ebriedad y otros delitos graves, sin dar cumplimiento a las respectivas órdenes. La primera conclusión que extrae el órgano contralor es tan dura como trivial: esto da cuenta de una “omisión por parte de Carabineros, que permitió a las personas buscadas evadir la justicia y actuar sin restricciones”. Las otras conclusiones son tanto o más demoledoras: esta conducta “debilita las sanciones judiciales y aumenta el riesgo de delitos, poniendo en peligro la seguridad pública. Además, genera pérdida de recursos públicos, al requerir más esfuerzo para localizarlas y seguir su rastro”. El informe detalla también que numerosas órdenes judiciales tardaron más de 15 días en ser comunicadas internamente a las unidades correspondientes, de manera que al momento de realizar los controles, el funcionario ni siquiera tenía información sobre la orden vigente desde hacía dos semanas. También se detectó que 626 vehículos con encargo por robo no fueron recuperados, a pesar de que fueron objeto de, al menos, un control vehicular en esa condición.

En este lamentable escenario, no puede llamar la atención que los delincuentes profesionales y el crimen organizado encuentren en Chile un lugar particularmente propicio. La policía ni siquiera cumple las funciones mínimas que debe ejecutar. Por eso, en lugar de seguir debilitando las libertades y los cimientos del Estado de Derecho mediante dispositivos legales represivos y de emergencia, las autoridades deberían concentrar sus esfuerzos en un mejoramiento sustancial de las instituciones encargadas de hacer cumplir la ley y las órdenes judiciales. El informe da cuenta de una enorme precariedad en términos de la capacitación, las competencias y los medios técnicos que constituyen el mínimo elemental necesario para cualquier estrategia de combate de la delincuencia.