El proyecto de ley que reemplaza el Crédito con Aval del Estado para los estudios superiores ha recibido críticas severas debido a importantes problemas en el diseño y operación del instrumento propuesto (FES). A propósito de ello, el Ejecutivo decidió presentar indicaciones que cambian, en algunos puntos relevantes, el proyecto. Sin embargo, están lejos de resolver sus deficiencias. Se revela, así, una incomprensión profunda de lo que está en juego.

Un aspecto positivo de la nueva propuesta es que los estudiantes podrían solicitar ahora, a diferencia de lo que ocurría en el texto original, un monto inferior al arancel regulado. Claro que la devolución de lo prestado se calcularía de una manera particularmente compleja: la cuota a pagar sería el resultado de aplicar el porcentaje del aporte promedio solicitado respecto del arancel regulado a la cuota que se le cobraría a una persona que hubiera recibido financiamiento por el total de dicho arancel. La fórmula busca resguardar la equidad en un esquema que involucra, para muchos estudiantes, la posibilidad de terminar pagando durante su vida laboral varias veces el aporte recibido del Estado para financiar sus estudios. Si bien a este pago se le pone ahora un techo, sigue siendo muy elevado (3,5 veces lo prestado, siempre que se haya cumplido el 90% del tiempo obligado de pago). Este es un problema no resuelto, porque quienes esperen ingresos por sobre el promedio intentarán evitar tan exagerada exacción.

En efecto, es incomprensible que tanto el proyecto como sus indicaciones no anticipen que las personas puedan responder estratégicamente a los incentivos y desincentivos que se crean. No hay que descartar, por ejemplo, que para los programas de altos ingresos esperados surja un mercado alternativo de financiamiento. El Estado podría así experimentar una selección adversa, quedándose solo con personas de bajos ingresos esperados y generándose un resultado fiscal mucho más negativo del que prevé el informe financiero del proyecto. Por supuesto, los impactos en segregación del sistema de educación superior serían también desafortunados. No cabe descartar otros efectos, como mayores grados de informalidad.

Las indicaciones tampoco resuelven el perjuicio que significa para varias instituciones de educación superior la aplicación del FES. Ello, pues se sigue impidiendo un copago por sobre el arancel regulado para los estudiantes de los deciles 7 a 9. En varios programas, dicho arancel está muy por debajo del efectivo. Para evitar ese drenaje de recursos, muchas instituciones podrían apoyar el surgimiento de un mecanismo privado de financiamiento. Esta posibilidad se refuerza con la indicación que define un número anual máximo de aportes FES, una forma inconveniente de intentar mantener controlados los desembolsos fiscales. En suma, las indicaciones no permiten superar los cuestionamientos más profundos y, en cambio, abonan a un escenario que segregará el sistema de educación superior y representará una situación fiscal más compleja de la que imagina el Gobierno.