Mientras más complejo resulte llevar adelante un proyecto de inversión, con el consiguiente aumento de costos, más probable es el desaliento para nuevos emprendimientos. Por ello, es positiva la aprobación del proyecto de ley que simplifica la tramitación de permisos sectoriales. Se espera que, con este, los tiempos necesarios para completar las autorizaciones requeridas se reduzcan entre un 30 y un 70 por ciento. Para eso se legislaron, entre otros aspectos, normas comunes para la tramitación de los permisos; una plataforma única de acceso a todas las solicitudes que, además, se pueden trazar, y la sustitución por declaraciones juradas, verificables ex post, en caso de permisos de bajo riesgo.

Esta iniciativa es importante, en particular, para empresas de menor tamaño, las que, habitualmente, no cuentan con los equipos humanos internos o externos para lidiar con procesos burocráticos de las características que, en este ámbito, se habían instalado en nuestro país. Ahora habrá mayores certezas y esquemas más ágiles para la tramitación de los permisos, disminuyendo costos. Es satisfactorio, además, que esta iniciativa fuese el producto de un diálogo muy fructífero entre parlamentarios de distintos sectores y actores económicos y sociales. El proyecto legislado muestra así la importancia que siguen teniendo los acuerdos para promover el desarrollo del país.

Frente a algunas dudas que surgieron durante la tramitación, el ministro de Economía ha sido cauteloso, preocupándose de recordar que la nueva legislación no modifica los estándares regulatorios vigentes. Debe mencionarse que, además, no toca los retrasos que se producen a propósito de las acciones del Consejo de Monumentos Nacionales y de la compleja tramitación de permisos ambientales. Estos dos últimos aspectos son abordados en otras iniciativas legislativas que no exhiben los mismos niveles de avance y de acuerdo y que, seguramente, son más relevantes para los grandes proyectos. En este sentido, los alcances del texto que se acaba de aprobar son limitados.

En cuanto a la expresión “estándares regulatorios”, es engañosa, porque confunde aspectos que son valiosos de conservar —por ejemplo, normas de emisión que protegen la salud de las personas— con otras disposiciones que están lejos de reflejar un estándar ampliamente debatido y que, todo indica, involucran más costos que beneficios para el país. La postergación de una discusión profunda respecto de esta realidad —es decir, de cuáles estándares tiene sentido preservar y cuáles deben ser revisados— pone en duda el interés en un crecimiento más dinámico. Pero además, parece favorecer a las empresas grandes ya instaladas, lesionando la competitividad de la economía chilena y, por tanto, su productividad. Esos estándares, en definitiva, tienen que repensarse seriamente si se aspira a asegurar más progreso para nuestra población.