De acuerdo con el Banco Mundial, desde 2012 a la fecha se ha producido un deterioro importante en la efectividad del gobierno de Chile. Este indicador —que se mide desde 1996— alcanzó ese año en nuestro país un nivel máximo: el 84,4 por ciento de las naciones del mundo registraban entonces un valor menor al de Chile. En cambio, en 2022 las cosas habían cambiado: solo un 69,3 por ciento tenían un valor menor. En 2023 el indicador se recuperó, pero a un nivel significativamente más bajo que el registrado en su mejor momento. Es cierto que no es un mal resultado, pero da cuenta de un retroceso relevante en una dimensión en la que Chile, por diversas razones, debería seguir progresando. En cambio, ha sido superado por Uruguay, que en 2012 tenía un desempeño muy inferior al nuestro. En materia de calidad regulatoria también ha ocurrido un fenómeno similar. Si en 2012 Chile superaba en este indicador al 92,4 por ciento de los países, en la actualidad está por encima del 76,9 por ciento. De nuevo, no es un desastre, pero la dirección de los cambios es preocupante. Constituye un reflejo de que los estándares de funcionamiento del Estado chileno dejan aún mucho que desear.

La reciente sistematización que ha hecho la Contraloría General de la República de sus auditorías e investigaciones especiales realizadas entre el 1 de abril de 2024 y el 31 de marzo de 2025 es una prueba de esta realidad. Un total de 1,5 billones de pesos (o alrededor de mil 600 millones de dólares) de fondos públicos asignados presentan anomalías; el período efectivamente cubierto, por la naturaleza de las fiscalizaciones efectuadas, corresponde a 2023 o antes. Este informe es resultado de un convenio firmado con la Cámara para apoyar su función fiscalizadora. Reportes similares vienen realizándose desde 2015 e involucran no solo al gobierno central, sino también a otras reparticiones públicas, incluyendo gobiernos regionales y locales.

El interés que ha generado en esta ocasión —explicable, tal vez, porque estamos en medio de una contienda electoral y con una ciudadanía fuertemente sensibilizada respecto de los problemas en la administración pública— debiera aprovecharse para una reflexión más profunda sobre cómo seguir avanzando en la modernización del Estado. En algún momento esta fue una inquietud transversal, pero ha perdido fuerza como preocupación. Así, los errores que se detectan año tras año son similares y, a pesar de ello, no se corrigen. De hecho, en esta ocasión se repiten los cuatro grandes grupos de anomalías: incumplimiento de normas contables o presupuestarias, incumplimientos de contratos, rendiciones de cuentas mal ejecutadas y mal manejo de los fondos públicos. Estos cuatro grupos tienen, dependiendo de la repartición que se supervisa, distintos grados de problemas, fallas que abren la puerta no solo a ineficiencias en la gestión de los recursos públicos, sino también a la corrupción. De ahí la importancia de tener un mejoramiento continuo en la gestión, que permita ir cerrando la puerta a estos errores, descuidos o malas prácticas. La ausencia de esa aproximación en el Estado es decidora y ayuda a explicar el retroceso que muestran indicadores comparados de desempeño de nuestro sector público. Asimismo, contribuye a entender por qué a partir de los reportes de la Contraloría no se permite concluir que estos problemas estén a la baja, como cabría esperar de una preocupación efectiva por esos asuntos. Sobre todo considerando que las deficiencias detectadas son muy básicas y no deberían ocurrir en un Estado orientado por una verdadera vocación de servicio público.

Las instituciones del Estado están afectadas por un problema generalizado de desconfianza. En el último “Government at a Glance”, de la OCDE, los servicios públicos, el sistema judicial y las cortes, y el Congreso chilenos ranquean últimos en confianza entre todos los países de la OCDE, muy por debajo del promedio. Los gobiernos locales y el gobierno nacional no están últimos, pero sí muy rezagados y también bastante por debajo del promedio de esa organización. Esta es una crisis y debería ser una preocupación mayor del país, pero la modernización de estas instituciones no preocupa, a pesar de ser fundamentales para el buen funcionamiento de la democracia, la economía y el Estado. El informe de Contraloría es apenas la punta del iceberg.