Cuando faltan pocos días para la realización de las primarias, ha vuelto a quedar en evidencia lo absurdo de la disposición que prohíbe difundir encuestas electorales en la fase final de la campaña. Más aún, al constatar cómo sus resultados circulan profusamente por las redes sociales (siendo incluso tendencia), pero se imposibilita a los medios profesionales y a los analistas referirse directamente a ellas.

Hay que recordar que la Ley 20.900, de 2016, sobre “fortalecimiento y transparencia de la democracia”, incluyó una disposición según la cual “solo se podrán divulgar resultados de encuestas de opinión pública referidas a preferencias electorales hasta el décimo quinto día anterior al de la elección o plebiscito inclusive”. Una norma tan poco entendible como anacrónica.

En efecto, la medida casi no encuentra paralelo en la experiencia comparada, pues son muy pocos los países que establecen un período tan extenso de veda de encuestas. Por el contrario, democracias como Alemania, Estados Unidos, Países Bajos o Suecia no imponen ninguna prohibición. Y otras, como Francia y España, se remiten a dos (incluido el día de la votación) o cinco días, respectivamente.

Es paradójico que el título de la ley hable de “transparencia”, pero incluya una restricción que propicia precisamente lo opuesto. No solo eso: es contradictorio ya que, pese a la prohibición, ellas continúan circulando por medios informales, colocando en una situación de privilegio a quienes logran conocerlas de primera mano. Para el resto, el tema queda entregado a la falta de rigor, los abusos y las distorsiones propias de las redes, propiciándose la difusión de datos parciales o incluso de sondeos falsos.

De esta forma, lejos de cumplirse el declarado objetivo de “proteger” a los ciudadanos de eventuales manipulaciones, esta censura los expone mucho más a recibir información engañosa.

Por cierto, terminar con esta inentendible norma no debe llevar a la tentación de pretender imponer por la vía legal estándares metodológicos, como algunos han insinuado. Las metodologías para auscultar la opinión pública van variando y no debe ser el Estado quien determine cuál es la forma correcta de proyectar la realidad. El mejor modo de promover seriedad en las encuestas es permitir su más amplia difusión y escrutinio, incluso hasta el momento más próximo a la elección, de modo que sus resultados puedan ser comparados con lo que efectivamente ocurra, sin que el factor tiempo sirva para eludir responsabilidades. Y es que son las personas quienes debieran libremente decidir qué encuestadoras les merecen confianza. No el paternalismo de las censuras, impropio de una democracia.