Señor Director:

Imagine el lector que, durante años, maneja por una calle con luz verde. Los inspectores lo ven pasar, le revisan los papeles, todo en regla. Pero un día cualquiera, alguien le pone una multa. “Usted se pasó la luz roja”, le dicen. “¿Cuál luz roja?”, pregunta usted. “La que ahora creemos que debió estar ahí… hace 20 años”.

Así de absurdo es lo que está ocurriendo hoy con algunos centros de cultivo de salmón en Chile. Funcionan sin una resolución ambiental (RCA) que fije su producción máxima, porque en el momento en que se instalaron, esa norma no existía. Y lo más importante: el Estado los autorizó, los supervisó y validó su operación durante décadas.

Pero ahora, otra institución del mismo Estado (la SMA) dice que esas operaciones podrían haber sido ilegales. ¿Por qué? Porque hoy se piensa distinto. Es decir, porque el semáforo cambió después de que los autos ya habían pasado.

Esto no solo es injusto. Es peligroso. Si se castiga a quienes confiaron en las reglas oficiales y actuaron conforme a ellas, lo que se daña no es solo una industria: se quiebra la confianza en el Estado de Derecho. La protección ambiental siempre debe estar enmarcada en la ley, que es una garantía para los ciudadanos.

Los semáforos están para dar certeza, no para confundir. Y las normas no pueden cambiar retroactivamente sin consecuencias para todos.

Marcelo Castillo Sánchez
Abogado