Señor Director:

Nuevamente en el editorial (ayer) llamado “Proyecto antifiltraciones” se critica que la iniciativa parlamentaria de sancionar a cualquiera que divulgue información reservada de un proceso judicial pudiera incluir a periodistas.

Sostiene el editorial que los periodistas no deben ser sancionados porque cumplen el deber de informar aquello que tiene interés público. Comparto plenamente que el fin de informar de los periodistas es fundamental para una democracia. ¿Pero justifica ello hacerlo por medios irregulares o ilegales? La respuesta es categóricamente no. El fin nunca justifica los medios.

La filtración se produce por abogados que son parte de la causa con acceso a la carpeta reservada, que tienen el claro propósito de revelar asuntos que perjudiquen a su contrincante u opositor imputado, revelando posibles delitos aún no probados y, lo que es peor, conversaciones privadas que no son relevantes para la indagatoria penal, como reconoce el editorial. También puede haber filtraciones de la propia Fiscalía y su personal, lo que es mucho más grave por la responsabilidad que tienen.

El periodista que recibe la información tiene perfectamente claro que quien se la entrega está cometiendo un delito. Lo oculta haciéndose cómplice de este. Sabe que el medio por el que recibe la información es ilegal, pero cree que el fin lo justificaría. Sabe que el informante no busca tanto la justicia, sino que el perjudicar públicamente a su opositor. Decide por sí mismo, y arbitrariamente, que difundir al informante que cometió el delito no es un asunto de interés público y no lo publica.

El proyecto debería corregirse exculpando de sanción al periodista que, al informar, también revela al informante que filtró la información. Sin duda disminuirían las filtraciones, pero se cumpliría el propósito de mantener en reserva las carpetas investigativas por el plazo que defina la ley.

Andrés Tagle Domínguez