Las primarias entre los candidatos presidenciales de la coalición de gobierno han estado marcadas por las disputas entre los sectores de izquierda dura, como el Partido Comunista y el Frente Amplio, y el llamado Socialismo Democrático, que representa de alguna manera a las colectividades de centroizquierda que gobernaron Chile a partir de 1990.

Estas diferencias se reflejan nítidamente en los programas de gobierno que los diferentes candidatos han debido presentar ante el Servicio Electoral. Aunque estos programas son tentativos, expresan bien las convicciones más profundas de las diferentes candidaturas. En este sentido, las propuestas de Jeannette Jara (PC) y Gonzalo Winter (Frente Amplio) reeditan de modo bastante fiel lo que fuera el programa de Apruebo Dignidad, el pacto original que llevó al Presidente Boric al gobierno. Mientras, el documento de Carolina Tohá (PPD), si bien situado en sus planteamientos más a la izquierda de la ex-Concertación, busca diferenciarse de sus contendores con mayores señales hacia el sector privado.

El crecimiento está, por cierto, presente en todas las plataformas, pero más como una declaración general que como un objetivo concreto en torno al cual se alineen las distintas iniciativas. El programa del Partido Comunista —es en esos términos en que explícitamente se autoidentifican las propuestas de Jara— propone un crecimiento basado en un rol dominante del Estado, destacando la inversión pública y el papel estatal protagónico en sectores como el cobre y el litio como impulsores del desarrollo. También plantea un mayor aumento del salario mínimo (de hecho, habla de establecer el “salario vital”) y de la participación de los trabajadores en las empresas como medios para potenciar el empleo. Las propuestas de Winter no son muy diferentes. El candidato del Frente Amplio enfatiza en la necesidad de que el Estado elabore y lidere una Estrategia Nacional de Desarrollo, articulando de este modo a los distintos sectores y promoviendo la innovación. Esta estrategia se define como una “hoja de ruta” para transformar el modelo productivo y de esta manera —se sostiene— superar el estancamiento económico.

No solo llama la atención la incoherencia de algunos de estos planteamientos, sino, particularmente, la forma en que replican el discurso voluntarista con que el actual gobierno llegó al poder y que permeó toda su primera etapa. Si con posterioridad la actual administración ha reconocido, por ejemplo, la ausencia de objetivos de crecimiento en su programa original, las candidaturas de la izquierda más dura no proponen un paradigma distinto para enfrentar los problemas del país. Más bien pareciera haber en ellas una opción explícita por desconocer las lecciones que la experiencia de estos cuatro años pudiera haber dejado.

La candidatura de Tohá, por su parte, sí hace un esfuerzo por recuperar una línea más moderna de desarrollo, al reconocer el rol complementario del Estado con el quehacer del sector privado. En este sentido, es un avance respecto de lo presentado por sus socios de coalición. A su vez, es la única de las tres postulaciones mejor situadas en las encuestas que plantea directamente la necesidad de una reforma del Estado que flexibilice algunas de sus tareas regulatorias para promover la inversión. Ello, aunque, curiosamente, hace un guiño explícito a la negociación laboral multinivel, política que difícilmente permitirá conseguir tasas de desempleo más bajas.

Jaime Mulet, de la Federación Regionalista Verde Social, también plantea una reforma del Estado, prometiendo disminuir las contrataciones de confianza y reducir los ministerios. Sus heterogéneas propuestas van desde establecer un IVA diferenciado hasta impulsar planes de seguridad y soberanía alimentaria.

Más allá de las diferencias entre los programas de la izquierda, no se observa en estas plataformas una visión convincente que permita al país retomar una senda de crecimiento mayor que el mediocre desempeño actual de la economía.