Señor Director:

En la edición del lunes, “El Mercurio” afirmó que el Senado se opone a otorgar mayores atribuciones sancionadoras a la Contraloría General de la República, estableciendo además una comparación con el rol que ha asumido la Cámara de Diputados en esta materia.

Esa interpretación según mi impresión es equivocada. Varias de las propuestas que, según la nota, el Senado se niega a impulsar, corresponden en realidad a facultades exclusivas del Poder Ejecutivo y no del Congreso. Entre ellas se encuentran iniciativas como permitir que la Contraloría aplique directamente sanciones por responsabilidad administrativa, o que pueda solicitar información financiera directamente a los bancos respecto de entidades fiscalizadas.

La Constitución impide al Senado presentar proyectos que impliquen gasto fiscal o modifiquen la estructura de órganos del Estado. Por esa razón, solicité personalmente al Ejecutivo que impulse las reformas necesarias para avanzar en estas materias dentro del marco legal vigente.

Lamentablemente, fue la propia ministra vocera del Gobierno, Aisén Etcheverry, quien declaró el lunes no tener contemplada la priorización de dichas iniciativas. Eso, en los hechos, nos deja sin herramientas para avanzar desde el Congreso en los cambios que se han demandado.

Nuestro compromiso con la transparencia, la probidad y el uso responsable de los recursos públicos es firme. Pero no podemos ni vamos a transgredir la Constitución para cumplir los deseos de la contralora o suplir la falta de voluntad política del Ejecutivo.

Como presidente del Senado quiero aclarar que he impulsado dos proyectos de ley que precisamente buscan fortalecer a la Contraloría: uno para dotarla de mayores herramientas de fiscalización sobre el uso de recursos públicos, y otro para facilitar su acceso a la información de los servicios del Estado.

Manuel José Ossandón
Presidente del Senado