El viernes se cumple un mes del informe de la Contraloría que destapó el escándalo de más de 25 mil funcionarios públicos que viajaron al extranjero mientras hacían uso de su licencia médica, lo que sugiere un uso fraudulento del sistema. Aunque el informe generó revuelo y la promesa gubernamental de mejoras al sistema, aún no se conocen las reformas que se impulsarán para evitar que estos abusos se repitan.

En este mismo espacio, a fines de 2022, un grupo de investigadores y exautoridades —incluidos ministros de Salud de las administraciones Lagos, Bachelet y Piñera— advertimos que, más allá de los fraudes, que también eran noticia en ese entonces, era necesario modificar la estructura de incentivos de las licencias médicas, delineando ciertos cambios urgentes al sistema. Pese a la transversalidad de dichas propuestas, la política ha actuado con lentitud frente a un problema que nos está costando más de un 1% del PIB, que consume casi la mitad de la cotización obligatoria de salud y que creció un 43% real entre 2019 y 2023, desviando recursos para resolver uno de los principales problemas de la ciudadanía: las listas de espera de la salud estatal.

Además, eleva los precios de los seguros privados —un 36% de la cotización de isapres va a financiar las licencias médicas— que otorgan una atención de salud oportuna, pero que cada vez se hacen más inaccesibles.

Aunque el foco ha estado sobre los funcionarios públicos que salieron del país, es evidente que el abuso es muchísimo más extendido. Hay funcionarios públicos que se mantuvieron en Chile vacacionando, otros que lo usaron como una suerte de seguro de cesantía (mala práctica que probablemente se repetirá con el término de este gobierno), o dedicándose a otras actividades remuneradas. Ojalá la Contraloría pueda detectar a estos últimos cruzando datos con el SII. Si a ellos sumamos los casos similares de trabajadores del sector privado, el costo para el país es aún más alto.

La recién aprobada Ley N° 21.746 eleva los requisitos para emitir licencias médicas y endurece las sanciones a los médicos que entregan licencias sin justificación, incluso arriesgando perder la posibilidad de emitirlas. Ello va en la dirección correcta, pero aborda solo una parte del problema. Para frenar los abusos es necesario también combatir la demanda de licencias por parte de los trabajadores. Las reformas tendrán costos políticos, especialmente en un año electoral, pero son esenciales para contener el fraude y su alto costo.

Hay tres cambios clave. Primero, reducir la tasa de reemplazo del sueldo desde el 100% actual a un monto más alineado con el resto de nuestra legislación. El seguro de invalidez cubre hasta un 70% del sueldo, igual que el de cesantía en su primer mes. Ese es también el promedio de los países OCDE. Por cierto, esta tasa de reemplazo debe ser igual para todos los trabajadores del sector público (que hoy no están afectos al tope imponible) o privado.

Segundo, establecer límites a la extensión de las licencias médicas. Así se hace en el resto del mundo y no es razonable que estas se extiendan por años, existiendo otros instrumentos como el seguro de invalidez parcial o total. Es por ello que las licencias médicas que superen el año debieran ser muy excepcionales, visadas por una segunda opinión médica independiente.

Tercero, las licencias médicas son un seguro y, como tal, para evitar la sobreutilización se usan deducibles. Hoy este mecanismo existe (carencia de tres días), pero solo para los trabajadores privados y para licencias de once o más días. Esa distinción no tiene justificación, por lo que se debe avanzar hacia un régimen con deducibles, pero común para todos los trabajadores, sin privilegios, y sin importar la extensión de la licencia.

El Gobierno y el Congreso deben transformar la indignación por los abusos con licencias médicas fraudulentas en una oportunidad para mejorar el sistema. Aún están a tiempo.

Pablo Eguiguren F.
Libertad y Desarrollo