Acorralado por la corrupción en su entorno, Pedro Sánchez se resiste a llamar a elecciones en España, como lo pide la oposición e incluso algunos disidentes dentro del socialismo, después de que se revelara, en un informe de la Guardia Nacional, que dos de sus más cercanos colaboradores en el PSOE habrían estado durante años envueltos en el cobro de comisiones ilegales por contratos amañados de obras públicas. Sánchez ha pedido perdón por haber confiado en los imputados, pero sus expresiones parecen otra maniobra para no perder el liderazgo y permanecer en el poder.

“Firme al timón, para capear la tormenta”, ha dicho el Presidente del gobierno español, quien sabe que convocar a elecciones en este momento le daría el triunfo a la oposición del Partido Popular, y se empeña en resistir porque, dice, no está dispuesto a que la “corrupción de unos pocos eche por tierra la integridad de una de las administraciones públicas más limpias de la historia democrática” española. Ese no es un argumento aceptable para quienes consideran que él tiene una responsabilidad directa en el escándalo, ya que los acusados contaban con toda su confianza, además de haber sido apoyados y defendidos por él hasta el último momento. Si no sabía de sus conductas, Sánchez aparece a lo menos como negligente.

Pero el gobernante aprovecha que sus socios de coalición están tan poco interesados como él en entregar el poder, y lo han estado demostrando desde que se conoció el informe de la Guardia Nacional, la semana pasada. Se limitan a pedir explicaciones o medidas ejemplificadoras, aparentemente deslindando de toda responsabilidad a Sánchez. Eso es lo que se ve en las declaraciones de la vicepresidenta Yolanda Díaz, de Sumar, quien, luego de una reunión con Sánchez, aseguró que “el acuerdo de gobierno está ahí”, reafirmando que no tienen intenciones de ponerse a prueba en las urnas. Sin embargo, se hace evidente que los aliados ponen condiciones para mantenerse leales y que, mientras públicamente llaman a combatir la corrupción, buscan mayores cuotas de poder en el Ejecutivo. Es lo que subyace, por ejemplo, en las exigencias de Díaz de que se “impulse la agenda social” promovida por su sector. Algo parecido ocurre con los partidos nacionalistas, que probablemente redoblarán sus condiciones para mantener su apoyo, clave para la supervivencia del gobierno. En cambio Podemos, que se mantiene fuera de la coalición, aprovecha para mostrarse como opción política; por cierto, sin pedir disolución del Legislativo. Su propuesta es formar un “bloque progresista como alternativa al bipartidismo corrupto”, criticando al gobernante por no tomar medidas reales, ya que “no basta pedir perdón”.

No es solo este caso el que arrincona a Sánchez, sino también otros abiertos en contra de su hermano David, y de su esposa, Begoña Gómez, escándalos que han debilitado su credibilidad y liderazgo, el que se pondrá a prueba en la reunión de Comité Federal que su partido tendrá en julio. Antes de eso, las oposiciones del PP y de Vox afinan sus estrategias. El PP busca obligar a Sánchez a convocar a elecciones anticipadas, por lo que rechaza presentar un voto de censura que carece por ahora de votos suficientes para ser aprobado y que le “daría oxígeno” al Presidente; sin ese apoyo, la propuesta de Vox en ese sentido tiene aún menos futuro.