Ante un mundo más bien indiferente y preocupado de otros asuntos, la Presidenta Claudia Sheinbaum celebraba en estos días el triunfo de los candidatos de Morena en el descomunal proceso por el cual miles de jueces de carrera fueron reemplazados por jueces electos por votación popular. Estas elecciones le entregaron al partido de gobierno, que ya cuenta con mayoría en el Legislativo y tres cuartas partes de los gobernadores, el control sobre el Poder Judicial.

Lo que la Presidenta mexicana celebra es, en realidad, una gran derrota para el sistema de balances y controles que está en la base del orden republicano. No es posible garantizar un uso adecuado del poder si este se encuentra totalmente concentrado en manos de una sola fuerza. En lo que atañe directamente a la designación de los magistrados, todos los países de tradición republicana contemplan mecanismos para que las tendencias ciudadanas políticamente representadas tengan la posibilidad de intervenir por canales institucionalizados, diseñados para resguardar la idoneidad de los candidatos y que las preferencias no respondan a pulsiones del momento. El caso mexicano demuestra precisamente que la sustitución de estos mecanismos por elecciones populares directas está condenada al fracaso. La elección tuvo una participación del 13% del padrón, y más del 20% de los votos fueron nulos o blancos. Es decir, solo un grupo muy reducido de personas políticamente comprometidas y movilizadas con los recursos del gobierno de turno selló la suerte de estos comicios. Los nueve cargos electos en la Corte Suprema fueron ocupados por cercanos al partido gobernante, situación que se repetirá probablemente en el nuevo tribunal disciplinario del Poder Judicial y en el tribunal calificador de elecciones. Y aunque teóricamente ningún candidato podía hacer campaña como representante de una fuerza política, dos de los tres comités de evaluación de antecedentes que visaban las postulaciones estaban controlados por Morena, de manera que a los votantes les bastaba con identificar de qué comité procedía cada candidato para conocer su filiación. Peor aún, cuando se conozcan los resultados para los tribunales de menor jerarquía, se espera que aparezcan varios ganadores ligados a la criminalidad organizada.

La experiencia mexicana está recién comenzando. En los próximos meses y años se podrá aquilatar qué significó para México tamaña concentración de poder. Pero desde ya es posible sacar importantes lecciones. En primer lugar, sobre la centralidad del sistema de nombramientos judiciales en el funcionamiento de cualquier régimen republicano. Este mecanismo no cumple su función cuando obliga a los candidatos a realizar campañas políticas y no es capaz de garantizar un mínimo de independencia de los designados respecto de las fuerzas que controlan los demás poderes. En segundo lugar, la experiencia plantea una vez más que las elecciones populares son un medio y no un fin en sí mismas; son parte esencial de la democracia, pero no se identifican con ella. La democracia está compuesta por un conjunto interrelacionado de instituciones complejas y confundirla con la elección popular es el primer paso para su destrucción.