Desde sus inicios, el proyecto Dominga ha tenido una tramitación ambiental contaminada por la política. Aparte de su ubicación —cercana a un área de gran valor ecológico—, han contribuido a ello hechos como la participación accionaria que el Presidente Piñera tuvo alguna vez en la iniciativa, la compra por la Presidenta Bachelet de un terreno en las cercanías o que el accionista principal sea uno de los controladores del grupo Penta, cuestionado por su rol en el financiamiento político. En este contexto, una coalición entre grupos de presión ambientalistas y una parte de la izquierda transformó el tema en causa emblemática.

Este politizado escenario ha hecho de la tramitación una batalla administrativo-judicial que lleva 12 años jalonados de episodios controvertidos. Así, por ejemplo, el Comité de Ministros del gobierno de Bachelet 2 se opuso en 2017 al proyecto, lo que desencadenó la molestia y consiguiente renuncia del gabinete económico. Vinieron luego resoluciones judiciales que retrotrajeron la discusión a etapas previas, hasta que en 2021 la Comisión de Evaluación Ambiental de Coquimbo aprobó la iniciativa. Esta llegó nuevamente al Comité de Ministros, ahora bajo la actual administración, donde otra vez fue rechazada, en un pronunciamiento que luego objetó con dureza el Primer Tribunal Ambiental, el cual advirtió arbitrariedades en la decisión y ordenó al Comité volver a ver el tema, pero ateniéndose a ciertos criterios. Como los ministros no siguieron esos criterios, el Tribunal volvió a cuestionarlos y ordenó ajustarse a lo fallado. Ante esto, el Gobierno, por una parte, presentó una apelación ante la Corte de Antofagasta y, por otra, recurrió al Tribunal Constitucional (TC), alegando un supuesto problema de competencias. Esta semana, el TC falló, contundentemente, rechazando la presentación. Aun así, la compleja madeja administrativo-judicial no termina. Restan la referida apelación y una casación pendiente ante la Corte Suprema.

Resulta ya evidente que tal multiplicación de frentes ha respondido, más que a una genuina discusión jurídico-ambiental, al intento del Gobierno por cumplir la arenga del Presidente Boric la noche en que fue electo, cuando imprudentemente proclamó “¡No a Dominga!”, definiendo su rechazo como un objetivo político, al margen de las instancias institucionales. Y es que en esas instancias ha quedado ya patente la debilidad técnica de los cuestionamientos.

La larga y difícil tramitación de Dominga lo ha transformado en un proyecto emblemático. Hay mucho en juego según cómo se resuelva: para el Gobierno, para el activismo y para los agentes económicos, pero sobre todo para la credibilidad de una institucionalidad ambiental que ha sido tensionada por la política.