Hasta transformarse en protestas masivas, extendidas por cerca de una semana en numerosas ciudades y varios estados norteamericanos, han escalado las ácidas críticas al control migratorio promovido por Donald Trump.

Los puntos más álgidos del conflicto radican en el incremental plan gubernamental de redadas, detenciones y deportaciones de inmigrantes ilegales; el autoritarismo presidencial en recurrir al uso reforzado de la fuerza pública para contener protestas y disturbios, y en el desafiante y agresivo ejercicio de las facultades del mandatario. Lo anterior está inserto en una severa política migratoria que incluye el fortalecimiento de los controles fronterizos, y prohibiciones y restricciones en el otorgamiento de visas a extranjeros —en particular, a los provenientes de cerca de 20 países—; el intento —suspendido por la justicia— de impedir el ingreso a ciertas universidades de estudiantes extranjeros, y la propuesta presupuestaria de 188 mil millones de dólares para financiar toda esta política. Una parte sustantiva de los recursos se destinaría a la vilipendiada agencia para el control migratorio, encargada de las redadas.

Al creciente repudio por las detenciones y deportaciones de migrantes en Los Angeles, Trump ha respondido ordenando el despliegue de la Guardia Nacional y de un limitado contingente militar, manifestando su disposición a aumentar el uso de la fuerza bajo control federal en cualquier parte del territorio de los Estados Unidos, si fuera necesario.

La actuación de militares para hacer frente a las amenazas a la propiedad privada y a la infraestructura pública, aunque moderada, ha sido rechazada multitudinariamente, y considerada ilegal, provocadora de violencia y contraproducente por el gobernador de California, la oposición demócrata y sectores de la sociedad civil. Mientras, organizaciones defensoras de los migrantes anuncian que mantendrán las protestas, extendiéndolas a más ciudades.

Las divisiones al interior del Partido Demócrata trascienden a las políticas migratorias, no obstante el consenso en repudiar la extralimitación del poder federal y presidencial en desmedro de los gobernadores y el Congreso. Las divisiones surgen entre la condena, el silencio y la justificación de la violencia en los disturbios. Notoria ha sido la ambigüedad y silencio frente al vandalismo por parte de la exvicepresidenta Kamala Harris y aliados.

Trump se mantiene firme, a pesar de los amenazantes desafíos judiciales sobre la legalidad de sus medidas y su dudosa eficacia para contener a los cerca de 14 millones de migrantes ilegales. De hecho, se estiman en más de 8 millones los trabajadores ilegales; es decir, el 4,8% de la fuerza laboral, vitales en el sector de la construcción, la agricultura, el aseo y el cuidado de personas. La masificación de las deportaciones debería aumentar los costos de la construcción y de los alimentos, con repercusiones en la inflación y el crecimiento.

Trump parece confiado en el respaldo ciudadano a combatir la migración ilegal, y en su estrategia atemorizadora, que podría conducir a disminuir la presión migratoria.

La situación es fluida y, por encima de la polarización y controversias que ha introducido Trump en estos asuntos, está su desprecio por los límites de sus facultades y del orden democrático. Tampoco parecen importarle los negativos efectos en su popularidad y en la imagen de EE.UU. en el exterior.

Incierto es el desenlace del pulso entre Trump y la oposición. Un hito será el resultado de la manifestación en favor de los ilegales organizada para mañana sábado en Washington DC. La protesta coincidirá a escasa distancia con el desfile militar en celebración del aniversario del 250 aniversario del Ejército de Estados Unidos y con el 79 cumpleaños del gobernante.