Las desprolijidades parecen perseguir al Gobierno, agregando cada vez nuevos ejemplos.

En efecto, podría haberse pensado que el caso Allende, con todos los costos que le trajo al oficialismo, sería ya una lección bien aprendida. Sin embargo, lo ocurrido con la designación de los miembros del consejo a cargo del futuro Fondo Autónomo de Protección Previsional (FAPP) muestra que el problema no abandona a la actual administración.

Como se sabe, el FAPP es una institución clave dentro de la reforma de pensiones. Ella gestionará tanto el 1,5% correspondiente al “préstamo” reembolsable que los cotizantes deberán hacerle al Estado como el 2,5% que sumarán el llamado bono tabla y el seguro de invalidez y sobrevivencia. Tendrá así bajo su responsabilidad millonarios fondos y será el instrumento para conseguir algunos de los objetivos centrales que el Gobierno perseguía al modificar el sistema, cuales eran financiar un aumento de las actuales pensiones y compensar diferencias entre las jubilaciones de hombres y mujeres.

Por todo esto, se hubiera esperado un cuidado extremo en cada una de las decisiones destinadas a implementar esta reforma. Sorprendentemente, sin embargo, el viernes pasado se conoció la renuncia a su nominación por parte de la economista Soledad Hormazábal, luego de haberse esta percatado de encontrarse en una causal de incompatibilidad, al participar su esposo en la propiedad de una Administradora General de Fondos (AGF). El punto es que el nombre de Hormazábal —junto a los de los otros cuatro consejeros— ya había sido propuesto por el Gobierno al Senado y aprobado por este.

Si la situación en sí misma resulta bochornosa, aún más insólito ha sido el intento de las autoridades por restarle trascendencia, argumentando que —dados los plazos para la constitución del consejo— habría suficiente tiempo para corregir y nominar a un nuevo consejero. El problema, sin embargo, no es ese, sino el daño que este error genera en las confianzas que demanda la instalación de una institucionalidad que entrega al Estado nuevas responsabilidades en una materia especialmente sensible para los ciudadanos. Después de todo, si hay una falla en algo tan básico como el chequeo de inhabilidades e incompatibilidades, ¿qué se puede esperar en otras tareas de complejidad inmensamente mayor, como las que por ejemplo deberá asumir el IPS en materia de administración de cuentas?

Lejos de despejar aquellas dudas, la subsecretaria de Hacienda, en carta a este diario, ha procurado deslindar responsabilidades, sosteniendo que era la propia Hormazábal quien debía haber chequeado oportunamente su situación, al ser ella quien conocía sus relaciones de parentesco. El planteamiento es inquietante. Fue el Gobierno quien propuso formalmente su nombre al Senado y por lo tanto era su tarea asegurar el efectivo cumplimiento de las exigencias legales, recurriendo a todos los mecanismos de control posibles, incluida por cierto la consulta a los propios interesados. Los eventuales errores que otros —como la nominada o los senadores que aprobaron su designación— pudieran haber cometido no exculpan al Ejecutivo de su propia falla. Pretender lo contrario e intentar eludir esa responsabilidad solo acrecienta la desconfianza respecto del cuidado con que las autoridades ejecutan sus funciones.