El Presidente Boric y su coalición han estado empeñados en construir un relato que presente a su gobierno como “normalizador”, que ha dado gobernabilidad aprobando proyectos como la reforma de pensiones y que ha instalado las bases para un crecimiento económico futuro. Es cierto que ya pasó el período de alta convulsión social que comenzó con la revuelta de octubre de 2019 y su secuela de destrozos, saqueos y grave alteración del orden público, al que se agregaron los trastornos provocados por la pandemia, además de la incertidumbre generada por un proyecto constitucional refundacional rechazado por amplia mayoría, y un segundo proceso también fracasado. Pero resulta ineludible recordar también que fue la actual coalición gobernante, como oposición a la administración anterior, la que alentó con fuerza la anomia que sobrevino al país luego de los sucesos de octubre de 2019, y que luego contribuyó a la mantención de la incertidumbre, al apoyar decididamente la Constitución propuesta por la Convención, cuyo carácter refundacional tensionó a Chile hasta límites casi intolerables.

Por lo tanto, es una mejor descripción de la realidad afirmar que, como oposición o gobierno que comienza, su coalición no normalizó al país ni le dio gobernabilidad. Por el contrario, luego de promover la inestabilidad en el período de Sebastián Piñera, condicionó su programa a la aprobación de la propuesta constitucional de la Convención. Solo el rechazo mayoritario a ese proyecto, expresado con claridad en el plebiscito del 4 de septiembre de 2022, reveló que el verdadero ánimo del país era contrario a sus planteamientos. Es decir, la normalización comenzó a producirse solo cuando el Gobierno, obligado por los hechos, debió modificar su rumbo, cambiar el gabinete y admitir forzadamente que los problemas de Chile no se resolvían profundizando las políticas identitarias, ignorando la importancia del crecimiento o desconociendo la grave crisis de seguridad y delincuencia. Al cambiar sus prioridades por las que la ciudadanía reclamaba, al abandonar el discurso contrario a “los 30 años” y, a partir de eso, dar mayor protagonismo a sectores del socialismo democrático, el país pudo encontrar un camino de relativa mayor normalidad. Y, efectivamente, apoyado en ella, pudo lograr acuerdos en algunos proyectos, como la agenda de seguridad —si bien rechazada en muchos de sus contenidos por parte de su propio sector— y la reforma de pensiones, para la que debió renunciar al objetivo de eliminar las AFP.

El crédito que el Presidente puede reclamar es entonces haber admitido la falta de sintonía de sus iniciativas con el ánimo de la población y modificar en parte sus prioridades. Con todo, las exiguas cifras de crecimiento, el desempleo y los índices de delincuencia e inseguridad dan cuenta de los límites de la alardeada normalización.

El mandatario, sin embargo, ha omitido alguna reflexión sobre el papel de su sector en la desestabilización que vivió el país. Más aun, cuando —en entrevista con el programa Tolerancia Cero— se le preguntó en varias ocasiones por las modificaciones a la orientación de su gobierno, en cada caso se tomó varios segundos para escoger las palabras. Así, tanto evitó calificarse de socialdemócrata como mantuvo su antipatía hacia el capitalismo. En resumen, no logró transmitir con precisión cuáles serían las ideas políticas que sustentaría ante el país en el futuro.