El sistema regulatorio en Chile está fallando. Se ha transformado en una barrera para el desarrollo, obstaculizando tanto la inversión privada como la ejecución de obras públicas.

Tres ejemplos recientes lo evidencian: la suspensión por requerimientos ambientales del proyecto fotovoltaico y de almacenamiento El Encanto, clave para una matriz energética limpia; y las interrupciones durante el avance de las líneas 8 y 9 del metro y del Nuevo Instituto Nacional del Cáncer, por exigencias de protección de patrimonio arqueológico. En este contexto, transformar nuestro Estado no solo es urgente: es un imperativo ético.

Hoy, múltiples agencias operan sin suficiente coordinación, con criterios contradictorios y sin priorización por riesgo. Pero a diferencia de países con instituciones más deterioradas, en Chile el problema no suele radicar en la regulación en sí, sino en su aplicación: fragmentada, desproporcionada y con incentivos cruzados. Normas razonables se vuelven absurdas cuando se interpretan mecánicamente o bajo una lógica de control total, afectando incluso el interés público. Ante esta realidad insensata, por frustración, y a veces por interés ideológico, surgen llamados a eliminar servicios completos, derogar decenas de normativas y partir de cero, como si el problema fuera la existencia misma del Estado, y no su mal funcionamiento.

Estas soluciones extremas seducen: prometen respuestas rápidas frente a un sistema que, muchas veces, se enfoca solo en los costos de la actividad, restringe innecesariamente la competencia —perjudicando más a las nuevas empresas que a las incumbentes— y degrada la confianza en las instituciones, debilitando la democracia. Pero regular no es sinónimo de impedir, ni eliminar es garantía de mejorar. Chile no necesita menos Estado, sino uno que regule mejor: con urgencia, sí, y también con inteligencia técnica y evaluación rigurosa.

Como apoyo, se cita la experiencia de Idaho, EE.UU., donde se eliminó gran parte de la normativa bajo un modelo de “base cero”. Sin embargo, ese contexto es muy distinto: una regulación federal que ya cubre gran parte de los riesgos, menos actores, menor densidad normativa y un entorno político más homogéneo. Más que copiar la forma, vale rescatar el fondo: toda regulación debe tener un fin claro, evaluarse periódicamente y aplicarse considerando sus beneficios y costos.

Algo similar ocurre en Argentina, donde las reformas han sido simbolizadas por una motosierra. Pero su hipertrofia regulatoria y fiscal acumulada por décadas no es comparable al caso chileno. Aquí el desafío es técnico, no existencial: hacer que el Estado funcione mejor, no reducirlo a su mínima expresión.

Pretender resolver problemas complejos con mecanismos simplistas y sin controles adecuados puede ser tan ineficaz como dejar todo igual. Se trata, en cambio, de construir, paso a paso, una arquitectura regulatoria coherente, eficaz y legítima.

¿Cómo avanzar entonces? El proyecto de ley para reformar los permisos sectoriales, aunque crucial, no basta. También es imprescindible revisar la regulación ambiental y el funcionamiento del Consejo de Monumentos Nacionales —reformas que hoy están entrampadas en el Congreso— para construir un sistema integral de permisos, porque sus regulaciones críticas son complementarias. Si una falla, todo falla.

Además, regular bien no es una tarea puntual. Es un proceso continuo, donde el Estado debe ser capaz de exigir, y también de corregirse. Por eso, la reforma del sistema regulatorio debe estar acompañada de una institucionalidad que la sostenga. En particular, urge aprobar la ley que crea una Agencia para la Calidad de las Políticas Públicas, ampliando las funciones de la Comisión Nacional de Evaluación y Productividad. Un Estado moderno no solo necesita buenas reglas: requiere capacidad técnica para evaluarlas y rediseñarlas.

Así —sin atajos, con sustento técnico y decisión política— Chile podrá reducir la incertidumbre, atraer inversión de calidad, ejecutar proyectos públicos con eficiencia y retomar su camino hacia el desarrollo sostenible.

Raphael Bergoeing
Escuela de Negocios, UAI y CNEP