El decidido actuar de la Contraloría en contra de prácticas irregulares y abusivas ha dejado de manifiesto una preocupante debilidad en los procesos internos de fiscalización de distintas entidades del Estado (un ejemplo se aborda en esta misma página, a propósito del caso AMZO). Esa debilidad ha llevado al país a tolerar comportamientos ilegales de manera amplia y prolongada en el tiempo, sin que hubiera una real voluntad política por ponerles atajo. Es precisamente este uno de los aspectos más valiosos del esfuerzo desplegado por la actual titular del ente contralor: la decisión de enfrentar situaciones respecto de las cuales imperaba una percepción de generalizada impunidad.

En este sentido, no cabe sino relevar la actitud que el ente contralor ha asumido ante la última paralización del gremio docente, convocada la semana pasada por el presidente del Colegio de Profesores, Mario Aguilar, para hacer notar el “agobio laboral” que enfrentarían los docentes y en reclamo de las respuestas “insuficientes” por parte del Ministerio de Educación a sus requerimientos. Contestando a la consulta que le formulara el senador Esteban Velásquez (FRVS), la contralora emitió un dictamen en el cual recuerda que todo paro de este tipo vulnera la Constitución, la cual expresamente señala, en su artículo 19, inciso quinto, que “no podrán declararse en huelga, los funcionarios del Estado ni de las municipalidades”. Una prohibición —añade— que guarda plena armonía con el principio que orienta a los servicios del Estado a satisfacer las necesidades públicas en forma continua y permanente. Por lo mismo, la ausencia de sus funciones por parte del personal para adherir a una movilización “conlleva necesariamente el descuento en sus remuneraciones del valor del tiempo no trabajado”. No hacerlo, concluye, implicaría establecer por la vía interpretativa situaciones de privilegio.

El razonamiento del dictamen es irredargüible, pero la titular de la Contraloría ha decidido ir un paso más allá y darle real eficacia a las disposiciones legales. Por ello, ha enviado oficios a los servicios locales de educación pública (SLEP) y a las municipalidades para que informen —en un plazo de cinco días— las medidas previstas para enfrentar las consecuencias de las movilizaciones y los procedimientos en curso para aplicar los respectivos descuentos. Todo esto ha encendido la molestia del líder del gremio docente, quien por un lado ha acusado a la contralora de ser “antitrabajadores” y, por otro, ha amenazado con un paro indefinido de no ser atendidas sus demandas. Tal reacción revela una completa desconexión con el sentir ciudadano mayoritario, que rechaza los abusos y exige el cumplimiento de la ley por parte de los servidores públicos. La sucesión de paralizaciones convocadas por el gremio docente ya ha infligido un severo daño no solo a los estudiantes, sino al conjunto de la educación pública —la misma a la que aseguran reivindicar—, que durante las últimas décadas ha experimentado un continuo descenso de su matrícula, ya que los padres optan por colegios subvencionados con tal de tener una continuidad en la asistencia a clases. El triste ejemplo de los liceos emblemáticos que han perdido su excelencia debido a un clima de violencia e indisciplina es manifestación de aquello, y hoy son algunos de sus propios alumnos los que reclaman más clases y más exigencias.

Así, lejos de encarnar un espíritu “antitrabajadores”, las acciones de la contralora defienden el interés legítimo de millones de chilenos que trabajan con dedicación y miran con impotencia cómo algunos pretenden situarse por encima del Estado de derecho. Este debiera ser un punto de inflexión en cuanto a terminar con la arbitrariedad imperante para quienes infringen la ley dentro del servicio público. Es hora de que todas las autoridades asuman la responsabilidad que les cabe para devolver la confianza ciudadana en sus instituciones democráticas. La tarea recién comienza, pero es momento de sumarse sin vacilaciones ni cálculos políticos.