Esta semana, los comités parlamentarios del Senado decidieron suspender una vez más la discusión y votación de la reforma al sistema político y del proyecto que establece multas por no sufragar.

La reforma al sistema político es una moción transversal, que busca disminuir la actual fragmentación en el Congreso. Fija un umbral del 5% de la votación nacional para el acceso de los partidos a la representación en la Cámara y establece la pérdida del escaño para quienes renuncien a la colectividad por la que fueron electos.

Por su parte, el proyecto sobre sanciones por no sufragar —impulsado por senadores de Demócratas, RN y la UDI— propone para ello una multa de entre 0,5 y 5 UTM. Durante su tramitación, el Ejecutivo presentó una indicación que busca limitar el voto de los extranjeros residentes solo a las elecciones municipales, idea que también fue recogida en un proyecto presentado por diputados oficialistas.

La votación en la sala del Senado se sigue retrasando por no estar los apoyos para limitar el sufragio de extranjeros residentes y, sin un acuerdo sobre el punto, varios senadores oficialistas se niegan a votar los otros cambios, forzando su aplazamiento. No cabe desconocer que subyacen a esta parálisis embarazosa los cálculos electorales de coaliciones y partidos. Ya en el pasado, debates como el referido al voto en el exterior o la introducción del sufragio voluntario estuvieron en parte cruzados por este tipo de consideraciones, y ahora eso parece repetirse. En efecto, ¿qué argumento serio existe para impedir el establecimiento de una multa para quienes no sufraguen y así darle eficacia al mandato constitucional que establece la obligatoriedad del voto? ¿Y qué justificación puede haber para seguir dilatando los esfuerzos por reducir la fragmentación de nuestro sistema político? En cuanto al otro factor de polémica, el derecho a voto de los extranjeros con residencia, puede tener sentido discutir la conveniencia o no de elevar sus requisitos, pero pretender excluirlos de los comicios presidenciales y parlamentarios cuando faltan menos de seis meses para su realización, solo puede entenderse como oportunismo. Más aún cuando los mismos sectores que hoy demandan restringir su participación eran hasta hace poco fervientes partidarios de multiplicar sus derechos.

Pero no es solo la imagen y credibilidad de los políticos lo que está en juego aquí, sino que el correcto funcionamiento de la institucionalidad. Hasta el momento y con estas reformas en plena discusión, el Servicio Electoral no tiene certeza acerca de cuál será el padrón con el que deberá preparar las elecciones; la ciudadanía no sabe qué consecuencias enfrentará si no cumple la obligación de votar, y hasta los potenciales candidatos ignoran parte de las reglas con que se definirán los escaños. Elocuentemente, la presidenta del Servel ha advertido los riesgos de esta situación y el espacio que puede abrir para intentos de impugnación.