El acuerdo suscrito esta semana entre el Estado de Chile y Google para extender un cable submarino de fibra óptica que conectará el país con Oceanía y Asia a partir del primer semestre de 2027, obliga a comprender la importancia de esta infraestructura clave en el siglo XXI, y las amenazas latentes en un escenario de creciente competencia estratégica.

Por estos cables se transmite el 97% de las comunicaciones globales y se registran transacciones financieras diarias por un valor de 10 billones de dólares. No existe alternativa por el volumen de datos que pueden transportar; los satélites actuales no darían abasto.

Debido a que muchas de las conexiones se tendieron en las décadas relativamente pacíficas de la llamada hiperglobalización, su ubicación en lugares aislados y poco vigilados está disponible de forma pública para cualquiera. Ahí el problema.

En los últimos dos años hemos observado cortes de cables en distintas partes del mundo. Empleando el mismo procedimiento de arrastrar el ancla en mares poco profundos, cargueros han interrumpido “accidentalmente” conexiones entre países del Báltico y en torno a Taiwán, obligando a la OTAN y a la guardia costera de Taipéi a incrementar sus medidas de vigilancia, respectivamente, ante lo que consideran acciones de “zonas grises” patrocinadas por Rusia y China. Son medidas coercitivas que aportan ganancias tácticas o estratégicas sin incurrir en una confrontación directa. Se caracterizan por ser ambiguas, incrementales y fáciles de negar.

También los rebeldes hutíes fueron acusados de dañar cuatro cables en el mar Rojo, afectando el 25% del tráfico de datos que fluye entre Asia y Europa. Esto prueba que en el océano las barreras para provocar sabotajes son muy bajas, al punto que hasta grupos no estatales pueden ejecutarlos.

Aunque la táctica de cortar cables submarinos no es nueva —incluso fue empleada en la Guerra del Pacífico (1879-1884)—, la mayor frecuencia de estos incidentes motivó, en parte, a Francia a elaborar una estrategia específica sobre fondos marinos y al Reino Unido a construir embarcaciones especializadas de vigilancia.

Si bien la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar faculta a los Estados a aplicar una pena a quienes rompan o dañen un cable de forma voluntaria, lo cierto es que la escena del crimen es difícil de investigar por estar a decenas o cientos de metros de profundidad.

También se observa una paradoja. Mientras un corte total de información es un escenario poco probable para países con múltiples conexiones de cables, por otro lado, una mayor presencia de ellas podría atraer más acciones hostiles por su potencial impacto.

Junto con el cable Humbolt, hoy está en marcha un estudio de factibilidad para un posible cable entre el Chile continental americano y los territorios antárticos nacionales, alimentando aún más la posibilidad de que el país se convierta en un hub digital, con futuros data centers incluidos.

Es cierto que el país tiene ventajas comparativas para la seguridad de sus cables, como las profundidades de los mares que lo rodean y la lejanía relativa de las zonas de guerra. Hoy pareciera más probable que un tsunami o una explosión volcánica —como le ocurrió a Tonga— afecten las líneas de comunicaciones submarinas. Pero el hecho de estar conectados con el mundo, actualmente a través de Estados Unidos y próximamente con Asia a través de Australia, no ha dejado tranquila a China, que al parecer volvió a ventilar la idea de otra conexión adicional directa. Y la relación entre las grandes potencias no parece avanzar en la mejor dirección estos días.

Todo indica que garantizar la protección de estas infraestructuras críticas se volverá un desafío aún más relevante y complejo en muy poco tiempo, otra tarea más asignada por ley a las Fuerzas Armadas en un contexto de recorte presupuestal. En este caso, es más necesario que nunca tratar de ver bajo el agua.

Juan Pablo Toro
Director ejecutivo de AthenaLab