El Ministerio Público finalmente ha resuelto no continuar con la investigación de las querellas que varios personeros de izquierda habían entablado el año 2020 en contra de las autoridades del gobierno anterior por una serie de supuestos delitos en el manejo de la epidemia de covid-19. Iniciada por el exalcalde Daniel Jadue, del Partido Comunista, y luego unida a otras que se entablaron por cuasidelito de homicidio, denegación de auxilio y abandono de destino de las víctimas fatales de la enfermedad, la causa estaba dirigida contra Sebastián Piñera, Jaime Mañalich, Paula Daza y otras autoridades de salud. Pese a que ese mismo equipo recibió la admiración de expertos de otros países y que les fue entregado el premio internacional Franz Edelman en abril de 2022 por el buen uso de las herramientas tecnológicas disponibles, en Chile el Ministerio Público tardó cinco años de investigación para concluir que no había “antecedentes suficientes para fundar una acusación”.

Las querellas se presentaron en medio de la grave situación sanitaria que afectaba al país y al mundo. La primera fue del exalcalde de Recoleta, que acusaba mal manejo, no por errores, sino por acciones deliberadas que se basaban en darle mayor preponderancia a la economía que a la salud, según el edil. A esa querella, celebrada entre otros por el entonces diputado Gabriel Boric, se unieron las de Irací Hassler, la Comisión Chilena de DD.HH. y otras más, declaradas admisibles por el Tercer Tribunal de Santiago. Así, en plena emergencia sanitaria, se ordenó la incautación de los correos electrónicos del ministro de Salud, lo que fue autorizado por la Corte Suprema, pero excluyendo a los que hubieran podido comprometer la seguridad nacional. Esto llevó al absurdo de que en Chile ese ministerio tuviera que destinar a personal calificado a revisar cerca de 50 mil correos con el fin de proporcionarles a los investigadores las evidencias que buscaban, aún en medio de la crisis.

Quienes se querellaban contra las autoridades sanitarias tenían sus propias recetas para combatir el coronavirus y, así, el exalcalde recomendaba medicamentos revolucionarios originados en Cuba que nunca pudieron comprobar eficacia alguna. Las agrupaciones de izquierda, a su vez, promovían una acusación constitucional contra Mañalich. Pero, mirando desde afuera, una vez terminado el largo episodio de pandemia, el Instituto para la Investigación Operacional de Houston, en Texas, concluía que en Chile se habían evitado 2.800 muertes y 65 mil contagios.

Que una investigación sobre acusaciones tan infundadas haya tomado cinco años resulta muy llamativo. Existen otras querellas aún en curso en contra de las autoridades del gobierno anterior en distintas materias, todas surgidas de la indignación política que despertaban en la izquierda las decisiones de las autoridades. Si bien el Presidente Boric ha expresado, tardíamente, un reconocimiento al Presidente Piñera, aún no hay resultados claros en todos los altercados judiciales. Estos parecen ser un nuevo obstáculo que deben superar quienes se deciden a participar en un gobierno, lo que en otros países se ha denominado lawfare. Paradójicamente, esta práctica suele ser denunciada con especial énfasis por la izquierda cada vez que uno de los suyos enfrenta un problema judicial; el mismo sector político, sin embargo, no duda en recurrir a ella, sin importar la carencia de fundamentos, cuando se trata de dañar a sus adversarios.