El acuerdo entre Codelco y SQM para la explotación del litio en el salar de Atacama ha sido objeto de críticas diversas en semanas recientes. Primero fue la candidata presidencial de Chile Vamos, que instó a los parlamentarios de su sector a revisar la conveniencia de dicho pacto y evaluar detalladamente si hubiese sido mejor asignar el salar en una licitación. Luego se le unió la candidata del Partido Comunista, quien dijo no estar disponible para que el Estado de Chile haga un acuerdo con SQM y abogó, en cambio, por crear la Empresa Nacional del Litio.

¿En qué consiste el acuerdo?

Se trata de una asociación público-privada para la producción de litio en el Salar de Atacama entre 2025 y 2060. Codelco tendrá el control de la sociedad con el 50% más una acción, asumiendo la administración desde 2031, cuando vence el contrato actualmente vigente con SQM. En términos económicos, Morgan Stanley estima que el Estado de Chile recibirá cerca del 70% del margen operacional entre 2025 y 2030, y un 85% a partir de 2031. La evidencia comparada indica que en otros países estos porcentajes son mucho menores (en torno al 50%).

El escenario que propone Jeannette Jara y otros actores de la izquierda más dura carece de realismo político. Crear una Empresa Nacional del Litio requiere la aprobación del Congreso, con una mayoría opositora que quiere la menor presencia posible del Estado en este sector. En la práctica, su postura se traduce en esperar hasta 2031 para reemplazar a SQM por una empresa estatal, sin ninguna garantía de que contará con la aprobación parlamentaria y, como se describe abajo, con un alto costo asociado a la espera.

Algunos sectores de derecha, en cambio, proponen una licitación internacional en lugar de la asociación Codelco-SQM. ¿Cómo comparar estas dos opciones? El criterio más razonable, me parece, es elegir aquella que maximiza los ingresos (debidamente descontados y corrigiendo por riesgo) del Estado de Chile.

Ese fue el criterio que orientó la renegociación entre Corfo y SQM en 2017, liderada por Eduardo Bitrán y que fue ampliamente criticada en su momento. Por algunos, por exigir mayores rentas para el Estado; por otros, por llegar a un acuerdo con SQM pese a su rol en los escándalos de financiamiento ilegal de la política. Sin embargo, ese acuerdo permitió que, solo el año 2022, el Estado de Chile recibiera ingresos por más de 5 mil millones de dólares, derivados del auge en los precios del litio. Irónicamente, muchos de quienes criticaron la negociación en 2017, desde lugares muy distintos del espectro político, terminaron elogiando sus resultados cinco años después.

Si estuviéramos en los albores del boom del litio y no existieran compromisos previos del Estado de Chile con SQM, una licitación internacional, sin actores que corren con ventaja, probablemente sería la mejor alternativa.

La realidad, sin embargo, es bien distinta. Dado que el contrato de SQM con Corfo termina en 2030, la opción de licitar lleva asociada un alto costo, por varios motivos. Primero, la empresa que gane la licitación tendría que iniciar los estudios técnicos e hidrológicos, entre otros, y partir de cero obteniendo los permisos ambientales, construyendo la infraestructura y reclutando personal especializado. Segundo, para quien gane la licitación, sería complejo realizar antes de 2031 los estudios piloto necesarios para adoptar nuevas tecnologías que requieren mucho menos agua, algo clave en la región desértica donde se ubica el salar. Tercero, sin un acuerdo previo con SQM, el nuevo operador no contaría con todos los activos críticos necesarios, algunos que son propiedad exclusiva de SQM y no están sujetos a opción de compra, lo que obliga a negociar con SQM o construir nuevas instalaciones, con los costos y tiempos asociados.

Todo lo anterior habría generado en los próximos años una baja considerable en la extracción y venta de litio, reduciendo los ingresos del Estado de Chile de 11 mil millones de dólares. Esta pérdida no solo habría significado una disminución de ingresos fiscales, sino también un retroceso estratégico en un momento clave de la transición energética global, retrasando la capacidad de Chile para aprovechar su liderazgo en litio.

Una licitación tampoco habría garantizado competencia efectiva, ya que SQM seguiría teniendo una posición privilegiada como operador incumbente, con información estratégica, activos irreemplazables y una red de comercialización instalada, lo que probablemente le habría otorgado una ventaja desmedida frente a otros participantes. En jerga económica, tendríamos un incumbente con una ventaja considerable, lo cual debilita los beneficios potenciales de una licitación.

Es obvio que SQM aceptaría el acuerdo solo si recibía parte del valor creado. Como ya indicó, la fracción que recibe es baja relativa a otros países. Aún más importante es que el Estado de Chile, a través de Codelco, más regalías e impuestos diversos, reciba un ingreso mayor que el que habría recibido en caso de no llegar a un acuerdo con SQM y convocar una licitación internacional el 2031. El cálculo es complejo e, inevitablemente, requerirá hacer supuestos.

Entonces, para quienes queremos abordar el tema de manera no ideológica, maximizando los recursos para el Estado de Chile, existen dos opciones. La primera es creerle a un estudio encargado por una parte interesada en que fracase el acuerdo Codelco-SQM, de un consultor que no revela que los financistas de su informe, el Grupo Errázuriz, tiene pertenencias en el salar y no quiere quedar fuera del negocio. Un estudio con omisiones importantes, incluyendo la infraestructura operativa que aporta SQM, y que no corrige sus cifras a la baja para incorporar los riesgos mayores asociados a una licitación. La otra opción es confiar en la decisión que tomó un directorio independiente de Codelco, con profesionales de reconocido prestigio, que arriesgan su patrimonio al asumir su cargo y que han sido nombrados por gobiernos de distintas tendencias.