Con una participación ciudadana inédita se celebró el pasado domingo el Día de los Patrimonios, ocasión en la cual más de 700 espacios públicos y privados abrieron sus puertas a un público entusiasta. Parece alentador el creciente interés por visitar sitios emblemáticos como La Moneda, la Bolsa de Comercio o el Palacio de Justicia, además de museos, bibliotecas, iglesias y otros lugares característicos, obteniendo timbres en un “pasaporte patrimonial” que se convirtió en sí mismo en una gran atracción.

Esta fecha presenta también la oportunidad para hacer un detenido balance del mantenimiento y cuidado de las obras patrimoniales en las principales ciudades del país. Este ejercicio permite además evaluar los avances en los esfuerzos de recuperación después de los efectos del vandalismo que acompañó los hechos de violencia desatados a partir de octubre de 2019, los que dejaron un saldo de más de 800 inmuebles destruidos o dañados. En efecto, la alta valorización popular por el patrimonio, evidenciada en instancias como la del domingo, debiera ser respondida desde el ámbito político con una decidida voluntad política por recuperar y preservar las obras históricas tras el daño perpetrado, el mismo que en su momento fuera justificado por algunos, aplaudido por otros o dejara indiferentes a muchos. Y es que cuando se intentaba derribar el monumento de Baquedano, en Santiago, se dañaban las esculturas de la avenida Francisco de Aguirre, en La Serena, o se quemaban iglesias, parecía cundir una anomia destructora que pocas voces se atrevían a denunciar, dejando huellas que permanecen.

Pero la ciudadanía ha dado muestras de que valora, aprecia y respeta las expresiones patrimoniales que forman parte de su entorno. La ministra de las Culturas, lo resalta afirmando que “al habitar nuestros patrimonios, al cuidarlos y disfrutarlos, también vamos tejiendo nuestra cohesión social”. Se trata, sin embargo, de una tarea hoy pendiente, pues todavía diversos plintos —como el de la plaza Baquedano— se mantienen vacíos, muchas esculturas y bustos siguen en depósitos —incluso extraviados— y no han sido reinstalados, fachadas y muros continúan vandalizados y la falta de recursos impide reconstruir edificios emblemáticos como la iglesia San Francisco de Borja, que perteneciera a Carabineros —actualmente en manos del Ministerio de Bienes Nacionales—, o la iglesia de la Veracruz, que se ha convertido en un ícono al congregar a los fieles para los servicios religiosos en una bóveda ennegrecida por el humo. Una campaña busca reunir los recursos necesarios para su reparación.

Destacable es, por lo mismo, la recuperación de la iglesia de La Asunción, en Vicuña Mackenna. Gracias a la colaboración de la fundación Ayuda a la Iglesia que Sufre —que reunió donaciones de privados—, el templo logró abrir sus puertas en una reinauguración preliminar que contó con la presencia del arzobispo de Santiago, cardenal Fernando Chomali, luego de haber sufrido las consecuencias de violentos saqueos y de un ataque incendiario que destruyó su campanario y parte del inmueble. Una acción judicial, acogida en primera instancia, apunta a responsabilizar por este caso al Estado de falta de servicio en su deber de garante de la seguridad y el orden público. La indemnización que se busca contribuiría a su total recuperación.

El entusiasmo ciudadano demostrado en el Día del Patrimonio implica un desafío ineludible para las autoridades de recuperar los espacios públicos, reparar las huellas del vandalismo y lograr un entorno urbano donde se entrecrucen el pasado y la vanguardia para reforzar el necesario sentido de pertenencia y del convivir propio de toda sociedad democrática.