El avance tecnológico ha facilitado el procesamiento y utilización de grandes cantidades de información para una diversidad de tareas. En el caso de las empresas, la inteligencia de datos ha permitido desarrollar mejores productos y estrategias de negocios. Un conocimiento detallado de las preferencias de los consumidores facilita el diseño de acciones conducentes a reducir costos y obtener ganancias de eficiencia, abrir nuevos mercados o predecir la evolución de las condiciones que enfrentarán los insumos. Para ello, el aprovechamiento de la información combinando técnicas estadísticas y modelamientos económicos es una práctica habitual dentro de las empresas. Y la irrupción de la inteligencia artificial ha acelerado y potenciado todo esto.

Cualquier proceso de modernización del Estado debiera nutrirse también de estas experiencias. Y, como ha sido recientemente comprobado, un ámbito en donde esto resulta particularmente importante es en la prevención y detección de prácticas que no solo explican las ineficiencias del Estado, sino que también implican grave mal uso de los recursos públicos.

El cruce de información de licencias médicas con los ingresos y salidas del país a nivel individual realizado por la Contraloría General de la República (CGR) demostró el potencial de este tipo de inteligencia de datos. De hecho, en momentos que Chile requiere de un ahorro fiscal significativo —mucho más allá de lo propuesto por el Ministerio de Hacienda—, es posible que la CGR haya realizado una de las mayores contribuciones hasta la fecha a dicho objetivo, demostrando que existen espacios para llevar a cabo el necesario ajuste y al mismo tiempo combatir la corrupción instalada en el aparato público.

Se trata de una línea de acción que urge fortalecer de modo continuo desde distintos frentes.

En primer lugar, es fundamental asegurar la calidad de los datos a los que tiene acceso el Estado. Los progresos en esta materia han sido significativos ya desde antes de la pandemia. Todo, gracias al abaratamiento de los chequeos de calidad, y del procesamiento y almacenamiento de la información. Crucial es dotar a la Contraloría de los recursos técnicos y el apoyo institucional a sus esfuerzos para un avance constante en este ámbito. Es inmensa la cantidad de información alojada en el aparato público y el órgano fiscalizador debiera tener las herramientas para aprovecharla en todo su potencial.

Por lo mismo, un segundo ámbito de acción es precisamente asegurar el adecuado acceso a esa información. La legislación debe permitir —obviamente con los resguardos necesarios— el diálogo entre las distintas bases de datos dentro del Estado, de modo de poder realizar los cruces que contribuyan a detectar tanto la existencia de prácticas corruptas como de áreas de riesgo. Eso implica configurar o en su caso mejorar los actuales marcos institucionales, dando pleno cumplimiento a la normativa vigente sobre protección de datos, pero facilitando al mismo tiempo su uso expedito en la investigación de abusos. Clave resulta la capacitación de los equipos técnicos al interior de las distintas reparticiones, así como informar a las personas respecto del uso de la información que se está generando, lo que puede ser un poderoso instrumento disuasivo.

Un tercer elemento es la ciberseguridad. En la medida en que el aparato del Estado acopia datos sensibles, los intentos por acceder a ellos aumentan y cualquier vulnerabilidad puede ser mal aprovechada. En este sentido, cabe recordar la compleja situación que vivió el Servel en 2022 a propósito de la difusión por error de datos de electores. Es fundamental configurar una organización de datos con los mayores estándares mundiales tanto en materia de seguridad como de protección ante ciberataques.

En definitiva, la estrategia desarrollada por la CGR debe ser apreciada, pero también potenciada. Esto requiere esfuerzos en distintos ámbitos, pero que pueden tener un retorno social significativo si permiten desmantelar lo que se ha configurado como una cultura de la corrupción dentro del aparato público.