Durante parte importante de esta semana, el debate en la Cámara de Representantes de los Estados Unidos dejó en evidencia el complejo escenario que enfrentaría la amplia reforma económica impulsada por la administración Trump. Con una leve mayoría del Partido Republicano, la discusión se trenzó entre los moderados y los conservadores de dicho conglomerado. Los primeros buscaban evitar reducciones significativas en gastos asociados a programas sociales, mientras los segundos destacaban la necesidad de reducir el gigantesco déficit estructural de la primera economía del planeta.

Las diferencias fueron saldadas en una maratónica sesión que se prolongó toda la noche del miércoles y la madrugada del jueves. La lista de modificaciones fue amplia, desde cambios que benefician a residentes de determinados estados hasta recortes a programas sociales, todo para asegurar la aprobación. Así, y si bien un puñado de republicanos se sumó a los demócratas para rechazar, la votación final fue 215-214 en favor de la reforma. El Senado deberá ahora analizar lo que Trump ha bautizado como “Una gran y hermosa ley” (One big beautiful bill act).

Los principales ingredientes

El paquete cubre un amplio espectro de temas. Si bien sus defensores lo presentan como un alivio para los bolsillos de las familias, una mirada detallada revela un proyecto con atisbos regresivos. Además, se consideran recortes en el sistema de protección social.

Uno de los aspectos centrales es la propuesta de hacer permanentes los recortes de impuestos aprobados durante la primera presidencia de Trump, en 2017, una de sus más importantes promesas de campaña. Análisis técnicos han señalado esta medida como una nueva fuente de presión sobre los ya insostenibles niveles de déficit fiscal. La posibilidad de que estos recortes permitan acelerar el crecimiento y, consecuentemente, la recaudación tributaria, ha sido el argumento de la Casa Blanca.

Por su parte, las críticas respecto de los elementos distributivos se han centrado en nuevas medidas que podrían redefinir áreas clave como educación, salud y el acceso a la vivienda. Un ejemplo es el aumento del límite de deducción de impuestos estatales y locales, conocido como SALT. El tope actual de US$ 10.000 aumentaría a US$ 40.000 en 2025, pero solo hasta cierto umbral de ingresos. En los hechos, este tipo de beneficios es aprovechado por hogares y personas de ingresos medio-altos, residentes en estados con altos impuestos locales y altos niveles de ingreso.

Otras innovaciones significan cambios al crédito tributario por hijo. Este aumentaría permanentemente a US$ 2.000 y se elevaría temporalmente a US$ 2.500. Así se incentivaría la declaración de impuestos (trabajo formal), pues el acceso a este beneficio exige dicho trámite. También se recortan los préstamos estudiantiles subsidiados.

Otras medidas incluyen una deducción fiscal adicional de US$ 4.000 para adultos mayores de bajos y medianos ingresos, la posibilidad de deducir intereses de préstamos para automóviles fabricados en EE.UU., la expansión de las Cuentas de Ahorro para la Salud (HSA) y la creación de las nuevas “Cuentas Trump”, cuentas de ahorro para niños con un aporte inicial de US$ 1.000 desde el Estado.

Pero quizás el cambio más importante —y centro de las tensiones— son los recortes en algunos beneficios sociales de programas históricos, fuente de alta presión fiscal.

En salud, modificaciones a las reglas de elegibilidad del Medicaid, gigantesco programa federal y estatal que financia servicios médicos, emergen como novedad. El proyecto aprobado por la Cámara Baja propone requisitos laborales para acceder al programa. En particular, los adultos entre 19 y 64 años sin hijos tendrían que trabajar al menos 80 horas al mes para calificar. También se considerarían válidas ciertas actividades comunitarias o la inscripción en un programa educativo al menos a medio tiempo. Requisitos similares se exigirían para acceder al programa de Asistencia Nacional Suplementaria (SNAP). Si bien se pensaba que estos cambios entrarían en vigor a partir del 2029, la discusión en el Congreso los adelantó al 31 de diciembre de 2026.

Se estima que, de aprobarse, estas modificaciones implicarían un recorte del gasto de US$ 792 mil millones en los próximos 10 años, afectando la cobertura médica subsidiada para cerca de 14 millones de personas (Medicaid provee ayuda a 71 millones de estadounidenses).

Mercados inquietos

Las estimaciones respecto del impacto neto de la reforma apuntan a una expansión significativa del déficit público durante la próxima década. El rango proyectado por análisis técnicos correspondería a un descalce fiscal de entre US$ 2,5 y US$ 5 millones de millones al 2034 (la deuda actual es de US$ 36,2 millones de millones).

Las magnitudes han generado preocupación en los mercados financieros. El jueves en la madrugada una venta de bonos del tesoro a distintas duraciones alertó de la desconfianza. Y si bien con las horas los mercados mostraron algo más de calma, probablemente apostando a que el Senado sí incluirá ajustes que permitan equilibrar de mejor forma las cuentas fiscales, la volatilidad financiera nos recuerda —lección también oportuna para Chile— la importancia de velar por la responsabilidad fiscal bajo toda circunstancia.