El noveno Informe Consolidado de Información Circularizada de la División de Fiscalización de la Contraloría General de la República (CGR) ha desenmascarado lo que parece a todas luces un grave fraude en el uso de licencias médicas.

El análisis de la CGR consideró el período 2023-24 y un total de 5.147.997 licencias registradas por la Superintendencia de Seguridad Social, dadas a funcionarios públicos o a trabajadores de entidades privadas financiadas con fondos del Estado. Estos datos fueron cruzados con 1.231.362 registros de salidas y/o entradas al país de servidores públicos. Esto permitió detectar a 25.078 personas que, de acuerdo con el informe, “habrían incumplido el período de reposo indicado en su licencia médica por haber viajado fuera del país durante ese mismo lapso o parte de él”. Además, se detectó un número de casos con múltiples episodios de este tipo. En particular, 125 funcionarios registraron entre 16 y 30 entradas/salidas de Chile durante períodos de supuesto reposo; al menos 51 registraron más de 31. El detalle por entidad arroja que la Junji e Integra, ambas vinculadas a la educación preescolar, suman 4.214 casos.

No existe explicación fácil de la anomalía que significa la solicitud de una licencia médica que lleva a una persona a ausentarse del trabajo, pero, al mismo tiempo, realizar un viaje al extranjero. Una posibilidad son las enfermedades asociadas a la salud mental, pero incluso en este caso la argumentación es delicada y demandaría adjuntar la intención del viaje y la respectiva justificación médica. La magnitud de las cifras, en cualquier caso, hace poco probable esta hipótesis. Más bien, todo parece apuntar a un caso de abierto abuso y fraude por parte de trabajadores cuyos sueldos son financiados con recursos públicos. Ello impone a las autoridades actuar con la mayor rapidez para esclarecer lo ocurrido y tomar las medidas disciplinarias correspondientes, incluyendo sumarios y desvinculaciones. La administración pública no puede ser un refugio de quienes burlan las reglas y abusan de los recursos de todos los chilenos. El gobierno del Presidente Boric tiene aquí una oportunidad para actuar con diligencia; es de esperar que esta vez lo haga.

Por ahora, surgen una serie de inquietudes.

Desde luego, es difícil comprender cómo ninguna otra institución de la administración pública, aparte de Contraloría, fue capaz de detectar los abusos aparentemente cometidos por 25 mil personas en un período de más de 24 meses; por de pronto, la Superintendencia de Seguridad Social (Suseso) debería dar explicaciones. Pero, además, es preocupante que ningún jefe de unidad dentro del aparato público hubiese advertido las circunstancias anómalas asociadas a licencias médicas solicitadas por subalternos. Como todo empleado público, cada uno de esos jefes tiene la obligación legal de denunciar este tipo de situaciones, eventualmente constitutivas de delito. Lo anterior es extensivo a cualquier otro funcionario que haya tenido conocimiento. Y es que resulta difícil imaginar que, entre 25 mil casos, ningún compañero de trabajo estuviese al tanto del abuso. Los canales de denuncia existen, por lo cual esas denuncias, o no fueron atendidas, o no se las realizó. En una y otra alternativa, el resultado es inaceptable, y por eso las investigaciones debieran extenderse también a identificar y sancionar a quienes pudieron tener complicidad en los hechos.

Pero además esta suma de elementos parece estar hablando —para usar la socorrida analogía médica— de una enfermedad más profunda: la existencia de una cultura de la corrupción que, tal vez sin llegar a los niveles extremos de otros países, permite la comisión impune de abusos como estos. Por su gravedad e implicancias, ello debe recibir la atención de la actual administración, pero también de todas las candidaturas a la Presidencia de la República.

Para la Contraloría, el desafío también es grande. Es un logro encomiable de sus actuales directivos haber detectado esta situación, pero llama la atención que este tipo de cruces no hayan sido hasta ahora parte regular de sus procesos. La identificación de estos 25 mil casos resulta sin duda meritoria, pero aún más eficaz es el efecto disuasivo que genera una fiscalización ágil y constante. Esa labor preventiva debe ser parte esencial de los esfuerzos para fortificar la vigilancia de los recursos públicos.

Finalmente, ineludible es determinar la responsabilidad de los médicos que extendieron las licencias cuestionadas. En este sentido, el Colegio Médico, que con tanta fuerza ha denunciado excesos en la fiscalización de estas materias, debiera también ahora hacer oír su voz respecto de un caso que compromete el prestigio de la profesión.