La persistencia y tensiones de la migración irregular están llevando a instaurar severas medidas de contención en Europa y en América. Lo más grave es que la migración irregular desprestigia a la que es regular, y a su valiosa contribución al progreso y engrandecimiento de las naciones, notable históricamente, en nuestro caso, en sus dimensiones económica, social y cultural.

La semana pasada, el Primer Ministro británico declaró que evitaría que Gran Bretaña se transformase en una “isla de extraños”. Al respecto, propuso reforzar el control fronterizo; exigir rígidas condiciones para el otorgamiento de permisos de residencia, extendiendo a 10 años la permanencia mínima para conceder los definitivos; agilizar las expulsiones suscribiendo convenios de cooperación con otros países, incluyendo acuerdos para enviar migrantes ilegales al extranjero, mientras se resuelven sus solicitudes; encarecer y aumentar la fiscalización, y agregar severas restricciones para el ingreso de trabajadores y estudiantes extranjeros. En Estados Unidos, Donald Trump, coincidentemente, anunció el aumento de los guardias fronterizos en 20 mil efectivos.

Mientras tanto, Javier Milei, hace pocos días, propuso en Argentina una reforma migratoria para agilizar la expulsión de ilegales, subir los requisitos para conceder los permisos de residencia y restringir el acceso de los extranjeros ilegales a la educación y la salud públicas.

En Chile, los migrantes ilegales, según el INE, a diciembre de 2024, superaban los 330 mil, 30 veces más que en 2018, de los cuales 127 mil habían ingresado por pasos no habilitados. La exministra del Interior Carolina Tohá, ante la comisión investigadora de la Cámara de Diputados sobre crimen organizado, reconoció el año pasado que 28 mil ilegales contaban con orden de expulsión, pero que se desconocía su paradero. La migración ilegal supera los niveles de informalidad laboral y pobreza de los nacionales. Su incidencia en la población carcelaria es significativa y en algunas zonas del país, desproporcionada. En Tarapacá, por ejemplo, excede del 49%.

Más allá de declaraciones y discursos, el Gobierno y los políticos chilenos parecen a veces estar ajenos ante la grave crisis migratoria. Para empezar, se debe recuperar el control de las fronteras. Y no por esa sola razón: nuestros vecinos del norte están entre los tres mayores productores de cocaína del mundo, fuente del narcotráfico y del crimen organizado.

Al igual que lo que sucede en muchos otros países, la migración es una de las mayores preocupaciones ciudadanas, de relevante impacto político. La campaña presidencial en curso debería servir para conocer las propuestas de los partidos y candidatos a este respecto.