El Colegio de Profesores convocó esta semana a un nuevo paro nacional, con lo cual los estudiantes de la educación pública han sufrido la cuarta suspensión de clases en los últimos dos años. Entre esas paralizaciones, que en nada prestigian al sistema escolar chileno, no se han contabilizado las múltiples interrupciones de clases que se han producido en varias regiones por los motivos más variados, desde retrasos en los pagos hasta incomodidades con la infraestructura. Esta vez, el paro fue calificado como “de advertencia”, con la finalidad de presionar al Gobierno y efectuar una demostración de fuerza para que se acelere la solución a los problemas que ellos llaman la “agenda corta”. Pero más parece una manera de llamar la atención de los grupos políticos en este año electoral.

En cierta forma, al restar continuidad a los procesos educacionales, se le está enviando un mensaje al alumnado sobre la poca importancia que una parte de los profesores les atribuyen a sus tareas de enseñanza. Sus demandas perfectamente podrían hacerlas sentir sin afectar su trabajo de educadores, pero los medios que emplea el Colegio perjudican de forma evidente a los escolares. Los jóvenes y niños chilenos ven atropellado su derecho a la educación, lo que no puede ser utilizado como una simple arma de presión.

Para lograr que nuestro país pueda progresar sostenidamente, es necesario que la educación mejore en forma notoria y, para ello, que los profesores estén satisfechos de su labor. Esto supone muchos cambios, entre los cuales están algunas de las quejas que han manifestado los docentes, pero la forma de protestar no contribuye a satisfacer una de las condiciones necesarias para lograrlo, que es aumentar el prestigio social de la profesión. Los paros, los llamados a realizar marchas vociferantes en veinte ciudades, como lo hizo el Colegio de Profesores, solo contribuyen a desprestigiarlos. Y mientras no exista una revaloración de esta profesión, no habrá cambios de importancia en los niveles de gasto ni avances verdaderamente significativos en sus remuneraciones. La apreciación social de sus tareas no la conseguirán continuando con los métodos que tradicionalmente han empleado los sectores sindicales más bulliciosos. Serían, sin duda, más considerados en la medida que revelasen un mayor respeto por sus propias funciones. Es justamente eso lo que probablemente explica la progresiva pérdida de representatividad del Colegio respecto del conjunto de los profesores del país.

Los estudiantes del sector público, entre tanto, toman nota de la importancia relativa de la educación por la actitud de sus maestros y no pueden considerarla una actividad tan valiosa si a cada momento se ve interrumpida por protestas. En parte, es en estas actitudes donde los padres se forman la convicción de que es mejor cambiar a sus hijos a colegios particulares subvencionados. De hecho, las proporciones de matrícula en uno y otro sistema se han revertido por completo y la educación particular subvencionada ya alcanza cerca del 60 por ciento en la Región Metropolitana, y la pública apenas algo más del 20%. Si el gremio continúa protestando de esta forma, dentro de poco ya no tendrá mayor significación.