Una gran polémica política ha generado la revelación de que el subsecretario de Pesca entregó datos erróneos durante la tramitación —en la comisión mixta del Congreso— del proyecto que modifica la distribución de las cuotas de diversas pesquerías entre los sectores industrial y artesanal. El error fue particularmente sensible en el caso de la decisión sobre cómo fraccionar la cuota anual de la merluza. En esta pesquería hay un solo operador industrial, PacificBlu, el cual, según lo definido en la Ley 20.657 —vigente desde enero de 2013—, tenía una fracción equivalente al 60% de la cuota. El subsecretario informó que esa fracción no se estaba utilizando en plenitud y los legisladores, entonces, aprobaron bajarla a 48%. Sin embargo, la pesca realizada por esta compañía ha estado, en realidad, en el límite máximo que le correspondía. Producto de la reducción, la empresa anunció su cierre a partir del 1 de enero del próximo año, una vez que rija la nueva disposición. Decisiones como esta eran esperables, toda vez que esta industria no tiene rentas que le permitan amortiguar los cambios. Más todavía, en muchas de las empresas existen indivisibilidades que no les permiten ajustar su escala de operaciones: de continuar con un menor volumen incurrirían en pérdidas. Es lo que parece estar sucediendo con PacificBlu.

La oposición, pero también voces oficialistas, han pedido, al menos, la salida del subsecretario; muchos también demandan la de su superior, el ministro de Economía. Pero este es el corolario de un proyecto mal pensado. Las fracciones vigentes regían hasta 2032. Las empresas tomaron sus decisiones de inversión —que, como se señalaba, en algunos casos no permiten ajustes en su estructura; es decir, operan o no operan— con ese horizonte. Algunas quizás puedan ajustarse, pero el retorno no va a ser el que era esperable en las condiciones en las que se las invitó a participar. Y esto, no por los riesgos propios de una actividad empresarial, sino por un cambio brusco en las reglas del juego, que no tiene una justificación estratégica, sino que responde a criterios redistributivos. Es una buena razón para acudir a la justicia, como ya han anunciado varios operadores. Lo insólito es que esta situación, previsible, ahora parece sorprender a autoridades y parlamentarios.

En este proyecto se han puesto en juego la credibilidad del Estado chileno y la certeza jurídica para las inversiones. Y es evidente que están reprobando el test. Ello es paradójico, si se piensa que el Gobierno ha justificado esta iniciativa en la supuesta “ilegitimidad” de la normativa vigente, por la participación de pesqueras en financiamiento político irregular. Pero la tramitación de una nueva ley requería más flexibilidad y evaluar criterios alternativos para producir acuerdos. En algunos casos, extendiendo los plazos más allá de 2032, y en otros, haciendo cambios más modestos. Sin embargo, se insistió en avanzar en lo que era una propuesta de campaña que siempre rayó en el populismo y que nunca obedeció a una política formulada seriamente. Quizás deba tomarse la recomendación de suspender la tramitación del proyecto o revisar exhaustivamente los nuevos criterios que se están empleando. En cualquier caso, la imagen del país quedará muy dañada.