A esta altura, con los antecedentes conocidos hasta ahora y los efectos judiciales y políticos producidos, no es exagerado sostener que el episodio del proceso de compra por parte del Estado de la que fuera la casa de Salvador Allende está camino a constituirse en el mayor escándalo del Gobierno y su coalición de partidos. Y ello no es fácil, sobre todo si se consideran otras situaciones ocurridas como los controvertidos indultos, el llamado caso Convenios y todas su aristas, y lo sucedido con el exsubsecretario Monsalve y la inexplicable reacción del Gobierno al conocerse las denuncias por delitos sexuales de una subordinada.

Y es que en este caso, a la destitución del Senado de la hija del expresidente Allende y la renuncia de una serie de funcionarios —incluyendo la ministra de Bienes Nacionales y la ministra de Defensa (nieta del exmandatario), se suman una causa penal abierta por tráfico de influencias cuyos alcances son insospechados, una profunda crisis política y de confianza por el grado de incompetencia de que da cuenta la forma en que se desarrolló este proceso al interior de esta administración, en que participó un ejército de abogados, y acusaciones cruzadas de dirigentes de partidos de gobierno que amenazan la convivencia dentro de la coalición, entre otras situaciones.

Si bien desde un comienzo quedó clara la responsabilidad política del Presidente Boric en este bochorno —no solo la firma suya es la que está en el decreto que autorizó la compraventa, sino que fue él quien concibió la idea de adquirir esa residencia para hacerla un museo y quien encargó a algunos de sus colaboradores más cercanos dar los pasos para materializarla, involucrando a dos ministerios (Bienes Nacionales y Cultura)—, los hechos que se han ido develando dan cuenta de que la situación producida tendría todavía una gravedad mayor.

En efecto, si en un comienzo se hablaba solo de una profunda desprolijidad de quienes participaron de este proceso, por ignorar las prohibiciones que tenía una senadora o una ministra para celebrar contratos con el Estado y de la molestia de muchos sectores de izquierda por haber expuesto a la familia Allende a esta incómoda situación, con las informaciones que se han ido conociendo todo este episodio adquiere otra dimensión. Las acusaciones de despilfarro de recursos públicos, de falta de probidad, de abuso de poder y de relaciones de confianza, de tráfico de influencias, entre otras, adquieren mucha fuerza.

La exsenadora Allende

Si hace semanas ya se sabía de las distintas advertencias que fueron desoídas sobre los problemas jurídicos que podría acarrear la suscripción de ese contrato; que la familia Allende lejos de tener un papel pasivo, como se trató de presentar, hizo propuestas e incluso planteó que la Casa Museo luego de ser vendida sea entregada en comodato a la Fundación Allende, en la que naturalmente participa la misma familia, ahora se conoce una interceptación telefónica de una conversación del entonces jefe de asesores del Presidente, Miguel Crispi, con su madre, la que da claras señales de la eventual existencia de tráfico de influencias en el proceso de compra del inmueble. Consultado Crispi sobre la participación de la senadora Isabel Allende en este caso, dijo: “O sea, llamó hasta al portero del Ministerio. Webiando, webiando, webiando. Que se haga, que se haga, que se haga. Que se haga así, que se haga así… Tiene mucha responsabilidad y el abogado de la familia Allende”.

La reacción de la senadora Allende negando lo sostenido por Crispi —lo considera “una falta de respeto a su familia”— y emplazándolo a “explicar sus dichos a la brevedad”, elude una vez más una necesaria autocrítica sobre su actuación. Tampoco se compromete a colaborar con la investigación en curso —hasta ahora se ha acogido a su derecho a guardar silencio—, ni a facilitar antecedentes y elementos a su disposición que ayuden al fiscal en el proceso abierto. Más que emplazar a terceros, si de verdad quiere aclarar dudas, se esperaría que declarara ante la justicia, que explique con detalle las negociaciones producidas y cuáles fueron los contactos de ella y su abogado con los funcionarios públicos en este caso y que ponga a disposición de la Fiscalía voluntariamente sus teléfonos y elementos electrónicos.

De otro lado, la defensa corporativa que hasta ahora le ha dado el Partido Socialista —recordemos que se llegó al extremo de entregarle a ella misma la facultad de elegir a su sucesor, pasando por sobre la institucionalidad partidaria—, en que muchos de sus dirigentes han buscado mirar únicamente la responsabilidad del Gobierno y del Frente Amplio en lo sucedido —incluso más de alguno llegó al absurdo de criticar el hecho de que ministros del Tribunal Constitucional “frenteamplistas” (sic) hayan podido fallar en contra de la senadora—, resulta lamentable. Los costos que puede sufrir esta colectividad, de no tomar distancia de lo sucedido y no afrontar con claridad y trasparencia un caso tan grave como este, pueden ser enormes.