El Colegio Médico ha manifestado, en una comentada declaración pública, sus reparos sobre la manera en que se estarían llevando a cabo las fiscalizaciones que aspiran a asegurar una correcta emisión de licencias médicas. Alega una falta de debido proceso. Esta fiscalización es una tarea muy necesaria: hay un evidente abuso en el empleo de las licencias. El año pasado se emitieron más de 8 millones, experimentando un crecimiento de 2,1 por ciento respecto de 2023; por cierto, aún por debajo del peak de 2022. El gasto es significativo, alcanzando, en 2024, un 1 por ciento del PIB. Esta proporción, al menos, duplicaría la reportada para la OCDE, a pesar de que en esta organización se observan tasas de empleo más altas que en Chile.

Es posible que en estos procesos de fiscalización se hayan cometido errores que deben corregirse; parece el caso de ciertos procedimientos en extremo burocratizados y del cuestionado funcionamiento de las plataformas informáticas. Pero alcanzar un protocolo que resguarde los derechos de las partes involucradas no parece un objetivo imposible y tampoco complejo. En este sentido, las reclamaciones del Colegio Médico y, sobre todo, el tono empleado —“total rechazo a la forma en que se está llevando a cabo la fiscalización”, “una persecución sin estándares técnicos”, “todo esto está afectando profundamente el ejercicio de la medicina”— no parecen apropiados para responder a un desafío que está en el interés del país. Después de todo, de la cotización obligatoria del siete por ciento, prácticamente la mitad debe utilizarse para financiar este beneficio. Y si hay mal uso de la licencia, se pierden recursos valiosos que dejan de utilizarse en el cuidado de la salud de la población.

La fiscalización requiere mejorarse en muchos aspectos, pero ese es un trabajo colaborativo y no corresponde, por tanto, que el gremio exija “a la autoridad la suspensión inmediata de las fiscalizaciones”, junto con plazos perentorios para la instalación de nuevas medidas que, cabe suponer, se aspira cuenten con su anuencia. Estas actitudes ponen en duda su declarado compromiso con la necesidad de fiscalización. En 2024 hubo más de 300 profesionales que emitieron mil 600 licencias o más, representando el 9 por ciento del gasto en licencias médicas. Es un número menor que en 2023, pero sigue siendo significativo. En esta realidad, hay grupos organizados que aprovechan las vulnerabilidades del sistema. Por cierto, el mayor gasto en licencias no solo se explica por este factor. De hecho, otro 9,5 por ciento de los médicos emitió entre 400 y mil 600 licencias el año pasado.

Con todo, los profesionales investigados en 2024 representaron un 1,2 por ciento del total que emitieron licencias y no hubo sanciones para más de la mitad. Esto también, sugiere, más allá de las mejorías que deben existir en el modelo de fiscalización, que la declaración pública representa una clara y desafortunada sobrerreacción del gremio.