Señor Director:

Con profunda preocupación observamos cómo, en el último tiempo, el Servicio de Impuestos Internos ha incrementado de manera discrecional las anotaciones en los registros de los contribuyentes, obstaculizando gravemente el normal desarrollo de sus actividades económicas.

Cada anotación requiere ser subsanada a través de una Petición Administrativa, mecanismo que históricamente se resolvía en un plazo razonable de pocos días. Sin embargo, actualmente la autoridad —escudándose en los márgenes legales— sostiene que dispone de hasta seis meses para resolverlas.

Cabe preguntarse si se ha dimensionado adecuadamente el impacto de esta dilación. ¿Cómo se espera que un contribuyente, impedido de facturar durante medio año, pague los sueldos de sus trabajadores o simplemente mantenga operativa su empresa?

Lamentablemente, estas trabas actúan como un impuesto silencioso, que grava con especial dureza a quienes no tienen los medios para acceder a una defensa.

Todo indica que el Ejecutivo desconoce esta realidad; de lo contrario resultaría inconcebible que persistiera en sus proyecciones de crecimiento económico, desconectadas de las dificultades que enfrentan los contribuyentes.

La falta de respuesta oportuna por parte del Estado no solo vulnera el principio de eficiencia que debe regir su actuar, sino que también pone en riesgo la continuidad de innumerables emprendimientos y empresas.

Resulta imperativo que la autoridad reflexione sobre el daño que estas prácticas están causando y adopte medidas urgentes que permitan conciliar el legítimo interés fiscal con el derecho de los contribuyentes a desarrollar sus actividades en un entorno justo y promotor del crecimiento.

No se puede construir un sistema tributario moderno si la incertidumbre, el atraso y la desproporción son normalizados.

Cristóbal Liberona
Abogado