La presentación del último Informe de Finanzas Públicas da cuenta de un panorama fiscal preocupante. En medio de la guerra comercial, Hacienda mantuvo sus proyecciones de crecimiento para este año en 2,5%, lo que contrasta con las estimaciones del Fondo Monetario Internacional y las de la Encuesta de Expectativas Económicas, que anticipan una cifra de 2% para este año.

Aunque la diferencia pueda no parecer grande, sí lo es en cuanto a su impacto en las proyecciones fiscales. En efecto, las cifras de Hacienda inciden en las estimaciones de ingresos estructurales y, por tanto, de déficit fiscal. De este modo, de cumplirse las proyecciones de menor crecimiento y recaudación en un contexto de guerra comercial desatada, los números fiscales podrían terminar siendo aún peores este año que lo planteado en el informe antes mencionado.

Como sea, ya el Gobierno ha decidido incumplir con la meta de balance fiscal estructural por segundo año consecutivo, lo que representa un mal precedente. Y es que la situación así planteada es problemática, tanto por las consecuencias directas de un mayor déficit —que se ha ido consolidando como una nueva realidad macroeconómica en Chile, con la consecuente alza en el nivel de deuda— como por la señal que entrega.

La Ley de Responsabilidad Fiscal exige a los gobiernos comprometer, al inicio de sus respectivos mandatos, una política fiscal anclada en una trayectoria para el balance estructural. En la actualidad, sin embargo, su incumplimiento no tiene costo alguno para la autoridad. Esto no ocurría así en los comienzos de la regla fiscal, cuando su incumplimiento tenía a lo menos un costo reputacional importante; desde hace varios años, sin embargo, sucesivas administraciones han decidido modificar el tranco de la política fiscal, incumpliendo sus promesas iniciales —como fue el caso del segundo gobierno de la Presidenta Bachelet—, sin que a estas alturas ello les signifique mayores consecuencias en términos políticos, precisamente por la habitualidad que ha tomado el problema. Pero la ausencia de costo político no significa que económicamente esta tendencia sea inocua. La mejor demostración es que los niveles a que ha llegado la deuda pública se han acercado al límite de lo que se considera prudente.

Hace pocas semanas, el Consejo Fiscal Autónomo levantó su voz para hacer ver la necesidad de un ajuste de gasto mayor. Lo fundamental, por cierto, no es el ajuste per se, sino la importancia de regir la política fiscal en conformidad con la meta de balance estructural comprometida. Su incumplimiento debilita la institucionalidad económica —como se aborda en esta misma página— y representa un daño permanente a la credibilidad del discurso de responsabilidad fiscal que el Gobierno reivindica como supuesto sello de su gestión.