Según las cifras del Instituto de Salud Pública (ISP), en Chile se venden millones de dosis de medicamentos fuera de las farmacias, a menudo en ferias, en comercios callejeros informales y en otros lugares completamente al margen de las redes autorizadas. Hasta hace poco tiempo, se trataba de hechos bien conocidos por la población, que recurre con frecuencia a esos locales para conseguir a buen precio sus analgésicos y otros fármacos de uso habitual, pero en los últimos años se ha detectado una venta masiva de sustancias restringidas y sometidas a control de la autoridad. En todos los países existen sistemas de vigilancia y supervisión de tales drogas, debido a los serios efectos en la salud si se usan al margen del control médico. Además, muchas se prestan para el abuso y a menudo se comercializan con esos fines. Todo pareciera indicar que el fenómeno puede ser el primer eslabón del narcotráfico.

La denuncia del ISP es aún más grave, pues afirma que existe una verdadera red de abastecimiento proporcionado por farmacias autorizadas que venden cantidades enormes de drogas a personas individuales como si se tratara de un enfermo común. Pero las incautaciones del año recién pasado superaron los 17 millones de píldoras, cifra que estaría comprobando que se trata de una organización dedicada al comercio informal. Cabe destacar que en algunos locales se ha encontrado venta de estupefacientes y psicotrópicos, que incluyen un llamado “parche de morfina”, clonazepam y hasta el temible fentanilo.

Los químicos farmacéuticos aseguran que ellos vienen denunciando estas prácticas desde hace más de 30 años, pero las autoridades no han diseñado un sistema eficaz de control, y pasan las décadas y el negocio del tráfico de drogas sigue adelante. Por el contrario, pareciera que cada vez va adquiriendo más audacia, pues antes no se reclamaba que se estuviera llegando al narcotráfico, pero ahora, con los medicamentos descubiertos, pocas dudas caben. También se da por un hecho que existe venta ilegal por redes sociales, lo que podría aumentar la dificultad de controlarlo, pero no disminuye la responsabilidad de hacer frente al desafío. Como fuere, las denuncias debieran llevar a un mejor control de las sustancias con mayor potencial de abuso, pues se podría tratar de una proporción nada despreciable del tráfico de estupefacientes en Chile.

La existencia de laboratorios y farmacias, todas empresas serias y formales, debería facilitar la vigilancia y supervisión del trayecto que recorre cada dosis de drogas potencialmente muy peligrosas. La trazabilidad en este campo no es más difícil que en otros, como en la agricultura, donde se puede saber de qué árbol proviene cada fruta que se exporta. No hay dudas de que pueden existir vacíos en la legislación, pero es mucho lo que se puede hacer antes de que el Congreso despache nuevas leyes. Tanto la aduana como las policías, junto con las autoridades sanitarias a lo largo del país, debieran establecer planes de supervisión que impidan el desvío de medicamentos a las ferias y a las calles. Si Chile sigue postergando acciones eficaces en este campo, llegará el momento en que organizaciones criminales tendrán bajo fiero control esta variante del tráfico de estupefacientes y será cada vez más difícil atacar el fenómeno. Si hace 30 años se hicieron las primeras denuncias, no puede seguir postergándose la solución.