Hace algunos días, un investigador escribió una carta a este diario relatando las dificultades que enfrenta para poder realizar la rendición de cuentas requerida anualmente en los proyectos financiados por Fondecyt. A su queja se sumaron en los días siguientes más casos. Las rendiciones —es el reclamo— se objetan por motivos nimios y muchas veces, sin que se sepa la causa, porque los correos pidiendo información sobre el problema tardan meses en ser respondidos o la información que se provee no es clara. Esto impide que los investigadores reciban los recursos que requieren para el año siguiente, lo que entorpece o paraliza su trabajo y, por ende, su contribución al desarrollo científico nacional.

Durante muchos años, Fondecyt funcionó en forma eficiente: los investigadores recibían sus recursos y la rendición de cuentas consistía en entregar copias de las facturas o boletas por los gastos realizados. La verdadera rendición, sin embargo, era demostrar que los estudios que realizaban tenían como resultado la publicación en revistas de alto impacto o la inscripción de nuevas patentes. Ello permitió alcanzar un rendimiento por dólar invertido que, en términos de publicaciones y citas (medidas de calidad del trabajo científico), era por lejos el mejor de América Latina.

Pero la situación cambió a principios de la década pasada, cuando la Contraloría investigó a Conicyt (antecesora de la actual Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo, ANID) por unos concursos de becas de estudio y detectó lo que consideró irregularidades en diversos programas. Ello llevó a establecer una serie de nuevas exigencias procedimentales. El efecto fue la paralización de actividades esenciales mientras se realizaban auditorías, y luego, la renuncia de empleados con experiencia y dedicación, molestos por lo que estimaron un exceso de trabajo improductivo. En ese escenario, las rendiciones de cuentas se convirtieron en experiencias casi kafkianas, sostienen algunos investigadores.

Estos advierten de procesos que no se cierran durante años, sin que ellos puedan tener claridad de cuál es la causa, dadas las lentas y crípticas respuestas de la ANID. Reclaman, además, que se haya comenzado a exigir boletas y facturas originales, las que en ocasiones se perderían en la propia Agencia. No menos complejos son los casos de rendiciones que no se aprueban, no por estar incorrectas, sino porque falta un documento trivial e innecesario; por ejemplo, una declaración jurada de haber recibido los mismos fondos que se están rindiendo. Por ello, hoy muchos investigadores destinan recursos del programa a contratar asesores —a menudo exempleados de Conicyt— solo para realizar la rendición. Es un pésimo uso de los recursos, pero —argumentan— peor aún es la distracción de tiempo valioso que supone dedicarse personalmente a ese proceso.

La Contraloría cumple un papel insustituible, pero en ocasiones, por una visión burocrática de las funciones fiscalizadoras, puede terminar imponiendo cargas que solo logran dificultar los procesos. Fondecyt parece uno de esos casos, en que lo que era un instrumento eficiente para impulsar investigación de alto valor científico ha sido entrabado a tal punto, que muchos buenos investigadores prefieren no postular ya a estos recursos. Parece tiempo de revisar y buscar un mejor equilibrio.