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Editorial
Miércoles 16 de abril de 2025
Reducir la fragmentación, tarea urgente
Revelaría una profunda ceguera política no avanzar en la propuesta que ha acordado un grupo transversal de senadores.
La necesidad de reequilibrar la balanza entre gobernabilidad y representación parece ser ampliamente compartida en el país. Así lo dejó entrever un reciente encuentro organizado por el cuerpo Crónica para el Futuro de este diario, que convocó a los senadores Luz Ebensperger (UDI) y Alfonso de Urresti (PS), y a los presidentes del PC, Lautaro Carmona, y de Evópoli, Juan Manuel Santa Cruz. Sin embargo, existe desacuerdo respecto de los instrumentos para cumplir este objetivo. En particular, hay aprensión por el umbral de 5 por ciento (u 8 congresistas) que se exigiría a un partido para tener representación parlamentaria, conforme con el proyecto de reforma constitucional que hoy discute el Senado. En la próxima elección, de transición, el umbral sería de solo 4 por ciento (o cuatro parlamentarios).
Probablemente, una comisión de cientistas sociales que fuera convocada para dilucidar las reglas más apropiadas para equilibrar gobernabilidad con representatividad, no se inclinaría por ese umbral y privilegiaría fórmulas como el término de los pactos, la promoción de listas cerradas o la prohibición a los partidos de llevar candidatos independientes. Sin embargo, cualquiera de esas disposiciones requeriría una reflexión más profunda y no son una alternativa disponible en este momento. El umbral, en cambio, sí lo es, porque fue planteado en su momento por la comisión de expertos que elaboró el segundo anteproyecto constitucional y ha sido abrazado por un grupo transversal de senadores, incluidos los de la comisión de Constitución. Por cierto, el anteproyecto constitucional incluyó también otros aspectos complementarios al umbral, pero varios de ellos carecen hoy de viabilidad política. Corresponde entonces discernir si, pese a eso, el umbral sigue siendo una alternativa razonable. Y, en este sentido, la fórmula encuentra respaldo en la experiencia comparada: son diversos los países que establecen exigencias similares, que van entre el 3 y el 7 por ciento, y su evaluación, en general, es positiva.
Pero, además, la reducción en el número de colectividades no hace perder representación como, a veces, se cree. Chile es uno de los países de América Latina donde la población expresa menos adhesión hacia los partidos políticos. Solo Perú y Guatemala registran niveles algo más bajos (Informe Latinobarómetro 2024). Al mismo tiempo, sin embargo, es el país que cuenta con más partidos. Esta paradoja es un indicio claro de que la reforma electoral de 2014 no logró aumentar la representación, aunque sí dañó la gobernabilidad. El país se encuentra, entonces, en un mal equilibrio entre ambas dimensiones y requiere salir rápidamente de él, por sus impactos negativos en el funcionamiento de la democracia. Sin perjuicio de posibles reformas posteriores, revelaría una ceguera política no avanzar hoy en la propuesta que han acordado los senadores y aprobar dicho umbral junto con las demás iniciativas que conforman este acuerdo y que ayudarían a poner más orden en el funcionamiento de los partidos. La situación actual, en la cual un parlamentario puede ser electo en una lista partidaria y luego rápidamente abandonar sus filas no contribuye ni a la estabilidad política ni al cultivo de la propia imagen de los partidos.
Ahora bien, existen dos vertientes de cuestionamiento a los umbrales. Por un lado, se pone en duda su eficacia en reducir la fragmentación. Hay, efectivamente, alguna evidencia que sugiere que, en el largo plazo, no contribuirían a ello. Por lo mismo, es posible que, en algún momento, esta fórmula deba ser acompañada por otras reformas, como la eliminación de los incentivos —por ejemplo, el diseño del financiamiento público vigente— que existen en la actualidad para crear nuevos partidos ante el menor inconveniente que se presente en la organización política de origen. Por otro lado, se afirma que los umbrales les restan posibilidades de representación nacional a partidos regionales cuyos candidatos pueden ser muy votados en un distrito particular. Se olvida así que el Congreso legisla para toda la nación. Por lo mismo, no es evidente que haya un valor especial en esas colectividades o candidatos. Los partidos en el Congreso deben representar idealmente grandes sensibilidades políticas y culturales, que permitan articular sus demandas y llevarlas a un espacio de deliberación que promueva el interés general de la nación. Así, ninguno de los dos argumentos parece tener la fuerza para detener un avance como el que propone el Senado, sin perjuicio de correcciones complementarias posteriores que puedan legislarse.