Nadie duda de que la reforma de las policías es indispensable para cumplir con las demandas de la población por mayor seguridad ciudadana. Asegurar más efectividad y eficiencia es el eje fundamental. Así lo reconocen las estrategias de la policía y se deja entrever en los planes anuales de gestión operativa y administrativa que deben formular según la Ley 21.427. Claro que los indicadores que permitirían monitorear el avance de estos planes son débiles. Posiblemente, porque los objetivos que el país tiene en esta materia no están bien especificados. Por cierto, la aspiración es elevar la seguridad ciudadana, pero esa aspiración debe hacerse operativa. De este modo, los objetivos estratégicos de las policías deberían servir a los objetivos del país en dicha materia y estos, a su vez, ordenar la reforma de las policías. Sin embargo, esas conexiones hoy son difusas.

La unidad consultiva que debería acompañar la reforma ha hecho notar, en múltiples ocasiones, esta falta de objetivos precisos. En la medida en que ellos estuvieran claramente visualizados, serían más claras también las acciones a emprender para lograr su cumplimiento, acciones que deberían estar a la base de cualquier reforma. Esa misma unidad también ha reclamado —sobre todo en los últimos meses— por el lento avance del proceso. Ahora, la instalación del Ministerio de Seguridad Pública no ha dejado claro si la unidad continuará, diluyendo aún más la reforma. Frente a ello, las autoridades responden que esta avanza gradualmente y que es de largo alcance. Pero para defender su posición, citan habitualmente leyes recientes que están apenas indirectamente relacionadas con el tema. Un ejemplo es la promulgación de la ley que aumenta la dotación de la Policía de Investigaciones, la que puede ser muy necesaria, pero que en sí misma no constituye un cambio de esta organización. Es más: sin transformaciones de gestión puede terminar resultando un aporte poco relevante a la seguridad ciudadana. Cómo hacer las cosas de manera distinta para alcanzar mejores resultados debería ser la parte medular de una reforma de las policías.

Una fuerza de tarea que precisara los propósitos de la reforma, recogiendo un conjunto de propuestas interesantes que se han planteado, pero que están dispersas; estudiando los resultados de los planes estratégicos pasados de la policía, y analizando con más precisión la experiencia comparada; reuniendo además a expertos como los de la unidad consultiva y a autoridades del nuevo Ministerio de Seguridad, y contando con la participación de las mismas policías, debería ser capaz de definir una reforma apropiada para asegurar un mejor funcionamiento de estas. Por supuesto, debiera incluir un cronograma y secuencia óptima de las iniciativas. Con un gobierno que —otra muestra de sus propios problemas de gestión— no ha logrado avanzar en esta dirección, se trata de una reforma que los candidatos presidenciales no pueden soslayar y quien llegue a la primera magistratura deberá implementarla con particular agilidad.