Las amenazas y las múltiples agresiones que han sufrido distintos oficiales de Gendarmería de parte de los reos debieran inquietar a toda la sociedad chilena. En días recientes se ha conocido una intensificación del clima intimidante que deben soportar quienes están teóricamente encargados de vigilar, reeducar y reinsertar en la sociedad a los que han cometido graves delitos. En las condiciones actuales, sería ya un logro que pudieran mantener una disciplina mínima al interior de las cárceles, sobrepobladas, en situaciones paupérrimas de mantenimiento y ahora dominadas por verdaderas organizaciones criminales.

Aunque los roces entre reos y gendarmes han sido frecuentes en el pasado, esta vez la agresividad y la osadía de los presos ha llegado a extremos inusitados, con disparos en la casa de los familiares de un oficial en Cauquenes —pese a que él trabaja en Santiago— y la colocación de una corona fúnebre con mensajes amenazantes. Los hechos ocurrieron después de un operativo antidrogas en que había participado el funcionario. Según las autoridades de la institución, no es primera vez que ocurren situaciones similares, pero nunca se habían registrado balaceras como esta, lo que está indicando un nuevo nivel de provocación. Las explicaciones se pueden encontrar en varios factores, entre los cuales están las malas condiciones que deben soportar los presos, pero sin duda existen nuevos elementos. Posiblemente, la existencia de organizaciones criminales con grados crecientes de sofisticación sea la razón más poderosa. Quizá la presencia de grupos extranjeros, con experiencias en cárceles que ellos ya dominan, como puede ser la famosa prisión de Tocorón, en Aragua, Venezuela, que experimentó rebeliones armadas que exigieron su desmantelamiento. En otros países de la región también han existido verdaderas mafias que controlan la vida al interior del penal y la inmigración ha puesto en contacto a delincuentes criollos con estas experiencias. En Santiago, en el Centro de Detención Preventiva, hay 4 mil 849 hombres privados de libertad, de los cuales 1.281 son extranjeros, en su mayoría colombianos y venezolanos, de quienes no se cuenta con antecedentes de sus compromisos con la vida delictual.

La acción resuelta y audaz de los convictos revela también una relativa debilidad del Estado chileno: ningún grupo de delincuentes osaría realizar actos como estos si percibieran que tienen al frente a un adversario poderoso, con toda la legitimidad de la ley y el respaldo de la opinión pública. En la actual coyuntura, con una sensación ciudadana de grave inseguridad, parece indispensable fortalecer a Gendarmería y no dejar duda alguna de quién manda al interior de los penales. La modernización de sus cuadros no debiera esperar y se debe dar señales potentes; entre ellas, la revisión de los presupuestos, de modo de mejorar la preparación y capacitación de todo el personal, junto a un urgente desarrollo de inteligencia intracarcelaria. No es posible que los delincuentes puedan averiguar los datos reservados de un oficial de Gendarmería y que la institución no sepa cómo se filtra esa información. Las propuestas legislativas no pueden seguir demorando, pero son muchas las medidas administrativas que el Gobierno puede adoptar antes de nuevas normas legales o construcciones de nuevas cárceles.