Durante la tramitación del Presupuesto 2025, el Ministerio de Educación acordó con el Senado convocar a un conjunto transversal de expertos para hacer recomendaciones de mejoramientos al sistema de admisión escolar (SAE), el mecanismo centralizado por el cual las familias postulan a las vacantes que ofrecen todos los años los distintos planteles del país. Este lunes se evacuó el informe que las contiene. Corresponde ahora su evaluación y legislar, si así se estima, un conjunto de reformas a su funcionamiento. La mesa técnica, salvo un grupo minoritario de integrantes que expresó más bien matices, defendió el SAE, sosteniendo que no requiere de cambios estructurales. Esto, considerando ganancias de eficiencia y de no discriminación que ha generado su aplicación. Por supuesto, por la información que logra recabar un sistema centralizado, también se transparentan las insatisfacciones de las personas que no quedan seleccionadas en sus preferencias. Pero en rigor, más que un defecto del sistema en sí, ello es el resultado de una falta de oferta educativa de calidad.

Con todo, la mesa técnica detectó debilidades y hace propuestas interesantes de cambios. Una muy significativa es abrir la posibilidad de que se puedan promover nuevamente liceos de alta exigencia académica, permitiendo que hasta el 80% de sus alumnos puedan ser seleccionados por criterios académicos a partir de séptimo básico. Es una modificación profunda, aunque la propuesta queda diluida al permitir como criterio solo las notas de los dos años previos. Así, la inflación de calificaciones observada en la admisión universitaria bien podría aquí replicarse. Los planteamientos que se utilizan para descartar pruebas de selección, como las que se aplican en Nueva York o Ámsterdam, son exagerados. Se habla de mercados negros de preparación de la prueba y de impactos en la salud mental de los postulantes. Chile tuvo décadas de experiencia con esas admisiones y no hay evidencia de tales efectos. La obligación de que al menos un 40% de los seleccionados por esta vía sean alumnos prioritarios es también discutible. Darles preferencia en las postulaciones tiene poco asidero en un sistema de admisión centralizada, donde las excepciones deben ser pocas. Se insiste, ahora, en extender este criterio a los liceos de excelencia académica y, además, se aumenta a 50% la preferencia por estos niños y adolescentes para todos los planteles escolares, desde el 15% actual. De esta manera, la fórmula comienza a tomar un tinte de acción afirmativa de dudosa justificación, sobre todo si se considera que el concepto “prioritario” ya está muy distorsionado.

Las recomendaciones para una mejor coordinación entre la oferta y demanda educativas para alumnos con necesidades especiales son bienvenidas. Se postula incorporarlos entre las priorizaciones del sistema, pero velando para que ello ocurra en los colegios con capacidades adecuadas. Además, se propone una revisión específica del programa de integración escolar. Y, adicionalmente, entregar más flexibilidad para que los colegios puedan definir priorizaciones alternativas, siempre que estas no sean discriminatorias, reduciendo la excesiva rigidez actual.

Son un paso en la dirección correcta las propuestas que permiten darles más difusión a los proyectos educativos, de modo que las familias los dimensionen en plenitud y se comprometan con ellos. Importante para darles sentido a dichos proyectos es que las autoridades de los colegios puedan resolver situaciones complejas en las postulaciones. Las propuestas que al respecto entrega la mesa son valiosas. Por último, hay un conjunto de ideas para asegurar un uso más efectivo de la plataforma de postulaciones y otorgarle mayor legitimidad, además de recomendaciones para mejorar la experiencia en el proceso de matrícula y asegurar las trayectorias educativas de los alumnos sin necesidad de usar el SAE. En suma, se trata de un conjunto macizo de recomendaciones, en general muy positivas, pero que en algunos aspectos específicos requiere de mayor reflexión.